La ministra de Igualdad y ‘número dos’ de Podemos, Irene Montero, se ha felicitado este viernes por el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y ha cargado contra la estrategia «casi inhumana» de la derecha y la extrema derecha para criminalizar el feminismo.
«Es una buena noticia que la justicia tumbe esa estrategia de señalamiento del 8M y en general del feminismo y demuestra que en democracia no todo vale», ha indicado tras conocerse la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, de sobreseer el caso.
«Se puede discrepar y yo entendería que en el Congreso dijeran cosas de derechas pero este señalamiento tan burdo, feo y simplón que la justicia ha tumbado no vale en democracia», ha indicado la ministra, que ha hablado de acusaciones «inhumanas» contra el Gobierno.
En declaraciones a la Cadena Ser, la titular de Igualdad ha cargado así contra la estrategia de la oposición basada en «difama y miente que algo queda» con acusaciones que, según ha recalcado, deberían quedar «fuera del juego político en democracia».
«Lo importante es que –la derecha y la extrema derecha– han identificado en la crisis una oportunidad para intentar frenar el avance de los derechos de las mujeres y eso para ellos supone una línea de avance y progreso social que están dispuestos a combatir con todas las herramientas a su alcance», ha denunciado.
Tras señalar que la pandemia sobre el nuevo coronavirus ha sido una «emergencia sanitaria histórica» con «enormes consecuencias», Montero ha subrayado la necesidad de ser «humildes» para incidir en que si el Gobierno hubiera sabido lo que iba a pasar «habría actuado diferente» tanto con respecto a las manifestaciones como a temas como el transporte público o el congreso de Vox.
Finalmente, la dirigente de Podemos ha indicado que no ha abordado con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el contenido del documento interno del PSOE el que los socialistas rechazan «la autodeterminación sexual» y las teorías y el activismo queer, lo que ha generado quejas en colectivos trans.
En cualquier caso, ha recalcado que en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez existe «un marco de acción compartido» para luchar porque cada persona pueda vivir su identidad de género y expresarla de forma libre porque es un derecho humano y con el objetivo de garantizar derechos y evitar discriminaciones.
«Este Gobierno es consciente de las discriminaciones que viven las personas trans. Hay una base muy fuerte y he hablado con Carmen Calvo de ello», se ha limitado a señalar.