Vox considera que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la «pobreza y debilidad» del Estado y ha propuesto que el Congreso abra dos subcomisiones parlamentarias que estudien sendas reformas de las instituciones estatales y del sector público institucional para reparar el deterioro que a su juicio han causado «gestores mediocres» desde el Gobierno.
En las solicitudes registradas en la Cámara Baja, los de Santiago Abascal plantean la necesidad de que el país siente las bases de un sistema institucional «fuerte e independiente» para que España pueda responder «con eficacia, agilidad y buen hacer» a desafíos como los presentados con la epidemia.
Vox sostiene que la actuación de las instituciones del Estado –incluyendo las las distintas «regiones»– a la pandemia «no es fruto de la casualidad», sino que es el resultado de la irrupción en el Gobierno de gestores «mediocres, cortoplacistas y expertos en propaganda».
«Gente sin experiencia y sin visión de futuro» que, en opinión del partido que lidera Abascal, «emponzoña» la calidad del sistema político y administrativo, «politiza» el sector público, «empeora» la gobernanza, «penaliza» la excelencia, «anula» los mecanismos de control e «inutiliza» las herramientas de apoyo a la función ejecutiva del Gobierno en la gestión del país.
ESPAÑA NO PUEDE SEGUIR CON UN «POBRE» EJECUTIVO COMO EL ACTUAL
«España no puede permitirse que un pobre Ejecutivo como el actual, poco capacitado en lo técnico pero ávido de colonizar todos los espacios de lo público, suponga su ruina democrática», argumenta Vox en sus iniciativas, donde urge a impulsar «las grandes reformas estructurales» que necesita el país en los ámbitos político e institucional «que no se pusieron en marcha tras la profunda crisis de 2008».
A su juicio es «imprescindible» aumentar los contrapesos entre poderes, incrementar la vigilancia recíproca de unos poderes sobre otros, reforzar la» maltrecha» independencia de las instituciones y de las personas que las ocupan, promocionar a los «buenos» servidores públicos y construir una Administración Pública para el siglo XXI.
Para ello, Vox sugiere examinar de forma individualizada el comportamiento de los distintos órganos e instituciones del Estado con el fin de identificar sus fortalezas y sus áreas de mejora, y de diseñar un plan de acción para el fortalecimiento de su independencia y la consecución de la excelencia en su labor.
A tal efecto, plantea la conveniencia de que los responsables de estas instituciones desfilen por ambas subcomisiones –la primera trabajará en el seno de la Comisión Constitucional y la segunda, en la Comisión de Calidad Democrática–, a las que también plantean que se llame a expertos en calidad democrática, arquitectura institucional, transparencia y control de la corrupción, financiación de partidos políticos o reforma electoral, entre otros.
