El Gobierno, a través de las Embajadas de España en seis países europeos y americanos, contrató empresas de comunicación para potenciar y reforzar la imagen de España en otoño de 2019, por un importe total de unos 99.520 euros, según datos recabados por Europa Press a través del Portal de Transparencia.
En concreto, la Embajada de España en Bélgica contrató a la empresa Akkanto por 18.089,5 euros por un periodo de un mes y la de Alemania a Deekeling arndt/amo Strategic Advisors por 17.790,5 euros por el mismo periodo. La Embajada en Londres dedicó 15.465,39 libras (unos 17.248 euros) a un contrato con la empresa The Maitland Consultancy Limited.
El cuarto contrato lo firmó la Embajada de España en Suiza, por 16.549,05 francos suizos (unos 15.431 euros) por un periodo de tres meses con Hirzel Neef Schimd Counselors; otro lo firmó la Embajada en México, 17.342 euros por dos meses de asesoría de LLYC Llorente y Cuenca y el último corresponde al que firmó la Embajada en EEUU, por 15.500 dólares (unos 13.600 euros) con Glover Park Group.
El Gobierno ya había reconocido en una respuesta parlamentaria la firma de estos contratos por parte de las Embajadas, en un periodo que coincidió con la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista.
Con todo, el Ejecutivo no ha vinculado en ningún momento esos contratos a la publicación de la sentencia y los enmarca en la «estrategia más amplia de promoción y protección de la reputación de España».
En su respuesta a través del Portal de Transparencia, el Ministerio de Exteriores se limita a señalar que fueron para servicios de «asesoría en prensa y comunicación. Solo el caso de Suiza, donde el contrato fue de tres meses de duración, precisa que fue para «apoyo a la Embajada en servicios de comunicación relacionados con el 150 aniversario del Tratado de libre comercio entre Suiza y España».
Además, en su respuesta parlamentaria al diputado Jon Iñarritu, el Gobierno hablaba también de un contrato firmado por la Embajada de España en Francia, pero Exteriores ha precisado ahora que en el caso de Francia no se llegó a cerrar el contrato.
El primero en conocerse fue el firmado por la Embajada de España en Washington, porque en Estados Unidos los agentes extranjeros deben publicar este tipo de contratos, y el embajador Santiago Cabanas lo explicó a la prensa.
Detalló entonces que su objetivo era reforzar la política de comunicación en una época que ya se preveía «complicada», y citó entre los retos la necesidad de contrarrestar la narrativa secesionista y el revisionismo histórico contra lo español y –los actos contra la figura de Colón también se redoblan cada octubre–.
En su respuesta parlamentaria, el Gobierno aclaró que la misión de la consultora no era «mejorar la imagen de España», porque la labor de «proteger y promocionar» la reputación del país corresponde a la Embajada y a los Consulados.
Se trataba, más bien, de «reforzar la interlocución» de la Embajada española en EEUU con medios de comunicación de ese país y con «prescriptores» (personalidades influyentes) de diversos sectores, para «actualizar y potenciar la percepción de las fortalezas de España» en Estados Unidos.
