El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sigue el rastro del dinero en la causa en la que investiga los fondos que recibió el exembajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su entorno familiar de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Por ello, ha pedido librar una Comisión Rogatoria a EEUU interesándose por el envío de dinero en 2013 y 2014 desde una sociedad del hijo de Morodo, Alejo Morodo, a René Arreaza, quien fuera coordinador general de Vicepresidencia en el Gobierno de Hugo Chávez.
En una providencia del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 adelantada por El Mundo, pide a EEUU que aclare si existe una determinada cuenta en el JP Morgan Chase Bank de la que sea titular PDVSA y de la que Alejo Morodo habría recibido 530.000 euros entre el 3 de noviembre de 2010 y el 6 de junio de 2011. Esos movimientos habrían ido a parar a la cuenta que tenía en el Credit Suisse la sociedad panameña Furnival Barrister Corp, de la que era titular el hijo del exembajador en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero Pedraz da un paso más y ahora quiere indagar en otros dos movimientos de dinero que se producen dos años después (2013 y 2014) y que van desde una cuenta de Alejo Morodo hacia una sociedad denominada MARCH LTD, que tiene cuenta en el Intercredit Bank, y que se realizan apoyadas en una factura por «prestación de servicios de asesoría jurídica y consultoría internacional» firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana siendo ministro José Vicente Rangel.
Esas dos transferencias giradas por Furnival Barrister Corp en concepto de factura hacia MARCH LTD suman un total de más de 61.000 euros. Por eso, el juez quiere ahora conocer la relación de esa cuenta para «identificar al destinatario último de los fondos recibidos, al beneficiario de la cuenta y la relación de dicha cuenta con el ciudadano venezolano René Arreaza».
Asimismo, pide a EEUU toda la documentación que obre en su poder sobre la actividad que realiza Arreaza «vinculada a los ciudadanos españoles o residentes en España investigados en estas diligencias». Pedraz investiga a Raúl Morodo y a su círculo familiar más íntimo porque recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros procedentes PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial».
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción presentó en enero de 2019 una querella ante la Audiencia Nacional señalando en la misma que los hechos investigados –desde 2017– podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.
En esta providencia, el juez requiere también a las autoridades de EEUU que aporten toda la documentación que encuentren sobre transferencias que haya recibido una determinada cuenta a nombre de René Arreaza por parte de la sociedad de las Islas Vírgenes ‘Barrister Investment and Finance SA’, cuyos beneficiarios económicos son Raúl Morodo, su mujer María Cristina Cañeque y su hijo Alejo Morodo.
MORODO, DE 84 AÑOS, EN LIBERTAD
En el ‘caso Morodo’ se investiga, además de al que fuera embajador de Zapatero, a su mujer, a su hijo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.
Otro de los investigados inicialmente, Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), que era el cargo dentro de PDVSA que firmaba los contratos con los Morodo, se suicidó en julio de 2019 tras haber declarado como investigado ante la Audiencia Nacional. Al igual que Márquez, el resto de investigados declararon en la Audiencia Nacional en mayo de 2019 tras su detención. Entonces, el exembajador, de 84 años, quedó en libertad con medidas cautelares.
Estas nuevas diligencias, emitidas por Pedraz con fecha de 5 de junio, llegan después de que durante el estado de alarma la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada elaborara hasta cuatro informes analizando la distinta documentación, como la contestación remitida por las autoridades suizas sobre las cuentas de la familia en el Credit Siusse.
EL CAMINO PORTUGUÉS
El objetivo es desenmarañar la «compleja estructura societaria» que usaban para introducir las cantidades en España. La operativa estaba montada con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España.
De hecho, en base al informe de 14 de mayo, el juez libra una Orden Europea de Investigación (OEI) ampliatoria a las autoridades portuguesas para conocer quién ordenó en nombre de PDVSA hasta nueve transferencias por un valor total de 2,84 millones de euros entre 2011 y 2014 que fueron a parar a la cuenta del Credit Suisse que tenía la sociedad de Alejo Morodo, y que provenían de las cuentas que la petrolera tenía en sendas sucursales de Funchal y Madeira del antiguo Banco Espiritu Santo, hoy Novo Banco SA.
En esta diligencia de 5 de junio, Pedraz también pregunta a Portugal por otras transferencias que se pudieran haber realizado a sociedades como MARPRA Asesores y Consultores SL o AEQUITÁS Abogados, ambas investigadas en las diligencias.
Por otro lado, pide una ampliatoria de la Comisión Rogatoria a Suiza para que detalle a quién se entregó dinero en efectivo de la cuenta que tenía en el Credit Suisse la mercantil de Alejo Morodo entre noviembre de 2010 y junio de 2013, de la que se retiraron aproximadamente 200.000 euros. También pide en esa misma diligencia, movimientos e información de diversas cuentas –con denominaciones como Nabokov o Vinicius– de varias entidades suizas, todas relacionadas con la familia del exembajador Morodo y sus sociedades pantalla.
Y entre la multitud de diligencias que ordena, añade también la que resulta de los informes de la Agencia Tributaria del 19 y 25 de mayo, por la que requiere a entidades como Bankinter, Banco Santander o Caixabank información de cuentas relacionadas con la trama.
