El Ayuntamiento de Móstoles ha avanzado que denunciará ante los Juzgados y la Fiscalía al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, por presuntamente «decidir arbitrariamente quién debía recibir asistencia hospitalaria y quién no en las residencias de mayores», a raíz del polémico protocolo sobre triaje en el pico de incidencia de la pandemia.
De hecho, el Gobierno municipal asegura que ese documento llevó a transformar «las residencias de mayores en campos de exterminio selectivo» al dar a los mayores un trato «inhumano» durante la crisis sanitaria.
El Consistorio quiere que se investigue si en estos centros de la localidad se aplicó el protocolo que determinaba «qué enfermos tenían derecho a ser atendidos en los hospitales», dado que de haberlo hecho podría existir «un presunto delito de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y otro presunto delito de omisión del deber de socorro».
Una medida que para el Gobierno local, conformado por PSOE y Podemos, supondría una «discriminación» y algo «inmoral» ya que «transformaba las residencias de mayores en campos de extermino selectivo», dando a estas personas «un trato inhumano y degradante.
Según explican, han tomado la decisión de elevarlo a tribunales a raíz de que se publicasen informaciones «que apuntan a que la Consejería de Sanidad, que dirige Ruiz Escudero, elaboró un protocolo que establecía criterios de «exclusión» de derivación hospitalaria» de los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid.
Según dichas informaciones, han insistido desde el Ejecutivo local, Ruiz Escudero «habría dado órdenes escritas a estos centros» para que establecieran dichos criterios selectivos que determinaban a qué enfermos «se les debía negar la asistencia hospitalaria, aunque lo solicitasen expresamente y su cuadro médico así lo requiriese».
Desde el Consistorio recalcan que este protocolo «vulneraría los derechos constitucionales de los afectados y, concretamente, el Artículo 14 de la Constitución Española que dispone que todos los españoles son iguales ante la ley».
La Consejería de Sanidad indicó ayer que uno de cada cuatro pacientes atendidos durante la pandemia de Covid-19 en los hospitales madrileños (10.772 personas) tenía más de 80 años y, aproximadamente, uno de cada dos, más de 70 años (20.418).
El pasado 30 de marzo el Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro decretó el archivo de un proceso penal contra la Consejería de Sanidad por presunta denegación de auxilio durante la gestión de la pandemia del coronavirus en la residencia de ancianos Pablo Neruda de Ciempozuelos, en la que fallecieron varias personas a causa del Covid-19 a los que se solicitó derivación a hospital.
Por su parte, Escudero subrayó recientemente en la Asamblea, sobre la polémica del tratamiento sanitario a residentes, que el único criterio asistencial fue el de «salvar vidas», sin ningún tipo de condicionante de edad, y hacer «lo humanamente posible» en una situación de «catástrofe» como fue el pico de la epidemia.
Aparte, ha enfatizó que lo aplicado a partir del 25 de marzo fue un «protocolo» consensuado con los geriatras, «no una orden ni una instrucción», basado en criterios clínicos.
Por tanto, rechazó que hubiera cualquier directriz política y que imperó el criterio de los sanitarios, para añadir que como facultativo se «sentiría ofendido» si la Consejería dijera cómo tienen que derivarse a los pacientes. Por tanto, le parece de una «gravedad tremenda» cuestionar la labor de los profesionales.
Escudero quiso reconocer el trabajo de los profesionales sanitarios que han estado trabajando en estos centros desde el principio, en unos momentos «muy difíciles». «Para ellos exijo el máximo respeto. No se pueden permitir falsedades sobre su actuación, que siempre ha seguido criterios clínicos, en un momento de tanta complejidad», desgranó.
