Ciudadanos lleva de nuevo al Congreso de los Diputados su proposición de ley de Medidas de Lucha contra la Corrupción, cuya admisión a trámite se votará en el Pleno este miércoles. Esta iniciativa, registrada en sucesivas legislaturas, incluye medidas para proteger a los denunciantes de corrupción, tipifica el delito de enriquecimiento ilícito y suprime los plazos máximos de instrucción de las causas penales, entre otras cuestiones.
El partido naranja presentó por primera vez su proposición de ley contra la corrupción en septiembre de 2016, durante el gobierno de Mariano Rajoy, el Pleno acordó tramitarla en febrero de 2017 y a final de ese año terminaron de presentarse las enmiendas.
Sin embargo, después se quedó parada en la Comisión Constitucional, sin que se reuniera la ponencia para empezar a debatir las aportaciones de los grupos, y al año siguiente Cs acusó al PP y al PSOE de haberla bloqueado. Con el inicio de la actual legislatura en diciembre, el partido liderado por Inés Arrimadas volvió a registrar la iniciativa en el Congreso, y el Pleno debatirá su toma en consideración este miércoles.
La ley que propone Ciudadanos busca establecer «un marco integral para prevenir, reaccionar y castigar la corrupción, para acabar con la impunidad de los corruptos y para proteger a quienes la denuncian en aras del interés general».
Para ello, prevé que a aquellos trabajadores del sector público –o los contratistas que trabajen con él– que denuncien supuestas prácticas corruptas se les garantice el derecho a la confidencialidad y a la indemnidad en su puesto de trabajo.
Asimismo, tendrían derecho a recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, a disfrutar de asesoramiento legal y a ser indemnizados por los daños que puedan sufrir por haber denunciado.
MULTAS DE HASTA 400.000 EUROS
Para tutelar los derechos de los denunciantes de corrupción, Cs apuesta por crear la Autoridad Independiente de Integridad Pública (AIIP).
Este órgano, que tendría plena independencia orgánica y funcional, también supervisaría que las autoridades y el personal del sector público estatal cumplen sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y buen gobierno, y podría realizar investigaciones –con las cuales será obligatorio colaborar– e imponer sanciones.
La proposición de ley enumera una serie de infracciones y las clasifica en «leves», «graves», «muy graves». Entre estas últimas, el quebrantamiento de las medidas de protección de los denunciantes y cualquier represalia que se aplique contra ellos, como despedirlos, degradarlos, cambiarles de puesto, bajarles el sueldo, sancionarlos, coaccionarlos o darles un trato desfavorable.
Las infracciones leves se castigarían con una amonestación o con una multa de entre 200 y 5.000 euros; las graves, con una multa de entre 5.001 y 30.000 euros; y las muy graves, con una multa de entre 30.001 y 400.000 euros.
Además, las sanciones económicas podrían ir acompañadas de castigos disciplinarios. Así, las infracciones graves suponen el cese inmediato en el cargo que se ocupe –sin cobrar indemnización por ello– y las muy graves implican, aparte del cese, la prohibición de ser nombrado para ocupar cargos similares por un periodo de entre cinco y diez años.
INSTRUCCIÓN PENAL SIN PLAZOS MÁXIMOS
Por otro lado, la iniciativa de la formación naranja prohíbe que el Gobierno conceda indultos a personas condenadas por delitos de corrupción, reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a los denunciantes de prácticas corruptas y establece el principio de colaboración entre la Agencia Tributaria y la AIIP.
También modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la limitación de plazos máximos en la instrucción penal. En opinión de Cs, esta medida aprobada por el anterior Gobierno del PP ha hecho que las causas más complejas –como suelen ser las relativas a delitos de corrupción– no se puedan abordar y de esa manera queden impunes hechos delictivos.
La proposición de ley de Ciudadanos plantea igualmente una reforma del Código Penal para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito –para las autoridades y funcionarios que experimenten un incremento sustancial de su patrimonio cuyo origen no puedan acreditar– y para extender la figura del decomiso a los bienes y ganancias de las personas que hubiesen sido condenadas por delitos de prevaricación, tráficos de influencias, fraude o exacciones ilegales.
RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA
Dentro de esa reforma, incluye también la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido en el desempeño de sus obligaciones o servicios sus cargos, empleados, dependientes o representantes.
Por último, la formación naranja pretende modificar la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado para que la AIIP aprecie la idoneidad de los altos cargos, a través de un informe donde juzgue si la persona propuesta cumple con los requisitos de honorabilidad y de formación y experiencia para el cargo.
El objetivo de esta reforma es acabar con el «amplio margen de discrecionalidad» que, según Cs, tiene el Gobierno a la hora de nombrar a altos cargos, introduciendo «unas mínimas garantías de objetividad» con el fin de «prevenir la arbitrariedad, el nepotismo, los conflictos de intereses».
