Una vecina de J.G.P, el acusado de matar a su mujer, en agosto de 2018 en Cabana de Bergantiños (A Coruña) –autoría que admitió– ha alegado, al prestar declaración como testigo de la defensa, que su conocido «ese día tuvo mala suerte de pensar mal».
Mientras, en la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, un primo que tomó unos vinos con él horas antes de producirse los hechos ha dicho, al ser preguntado por el fiscal si el acusado estaba «afectado por la bebida», que se encontraba «normal».
Sí dijo que, cuando regresó del extranjero unas semanas antes de los hechos, lo vio «nervioso». «Siempre habló bien de su mujer», ha afirmado este testigo de la defensa frente al testimonio aportado por otros, entre ellos los hijos, que aseguraron que la «menospreciaba» y «ninguneaba».
En esta nueva sesión del juicio –la vista terminará este viernes con la lectura de las conclusiones–, han prestado declaración distintos testigos de la defensa, entre ellos familiares del acusado y vecinos.
«Era una familia unida», ha expuesto otro primo del acusado. Otros han coincidido en calificarlo como una «buena persona» y han admitido que no se esperaban lo sucedido. «Ese día tuvo mala suerte de pensar mal», ha dicho sobre lo sucedido otra conocida.
UNA HERMANA ALEGA QUE ESTABA «MAL»
Por su parte, una hermana del acusado ha asegurado que cuando su hermano regresó a España de su trabajo en el extranjero –lo que hacía que acudiera a su domicilio solo unos días después de varias semanas fuera– lo vio «mal».
A diferencia de los hijos del matrimonio, ha manifestado que éste admitía la separación de su mujer, que mantenía una relación con otro hombre y le había transmitido su intención de divorciarse, según han sostenido los primeros.
En su declaración, ha negado que la víctima tuviese «planes inmediatos» de separarse –como sí han argumentado los hijos– y también que cuando se produjeron los hechos ella hubiese gritado a su cuñada –que falleció tras recibir tres disparos, según ratificaron agentes de la Guardia Civil– «ojalá te mueras, tenía que haber pasado antes». Esta pregunta se la trasladó el fiscal, pero ella rechazó haber hecho este tipo de afirmación.
Por estos hechos, el Ministerio Público y la acusación popular, ejercida por la Xunta, solicitan, en sus conclusiones provisionales, penas de 23 años de prisión por un delito de asesinato y otros dos años y seis meses por otro de tenencia ilícita de armas. La acusación particular, que representa a los hijos y la madre de la fallecida, eleva la petición a un total de 28 años. La defensa califica los hechos de homicidio.
