La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado a las autoridades europeas y españolas que no utilicen la pandemia de la COVID-19 como «excusa» para no respetar el derecho de asilo. Así, les ha pedido que garanticen el acceso a este derecho a las miles de personas bloqueadas en países no seguros como consecuencia al cierre de fronteras y para aplicar políticas más restrictivas de control migratorio.
Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio, la institución ha presentado su Informe Anual 2020 titulado ‘Las personas refugiadas en España y Europa’, recordando que según ACNUR más de 79 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.
CEAR ha avisado de que la emergencia sanitaria causada por el virus plantea «numerosos retos en materia de acceso al derecho de asilo». Los confinamientos, el cierre de fronteras generalizado, precarias condiciones higiénicas en los campos de refugiados, problemas económicos que agravan sus condiciones de vida, son algunos de los retos que destaca la entidad.
Durante la presentación del informe, el presidente de la organización, Carlos Berzosa, ha valorado el «comportamiento cívico» de los refugiados durante la crisis sanitaria, destacando que han seguido las normas «a rajatabla». «Inmigrantes y refugiados están facilitando que podamos comer, llevando a cabo actividades esenciales. Pedimos que no se queden marginados con las nuevas medidas», ha dicho.
«Es necesario que los Estados no pongan en cuarentena sus obligaciones con las personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares», ha declarado la directora de CEAR, Estrella Galán.
En este punto, Galán ha resaltado que el Covid-19 «no puede utilizarse como excusa para aplicar políticas de control migratorio más restrictivas». «Los derechos humanos no pueden ponerse en cuarentena», ha sentenciado.
En su informe, la entidad incluye 18 propuestas dirigidas a las autoridades españolas para que se garanticen los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Para la entidad, urge seguir adoptando medidas que protejan y garanticen los derechos de estas personas, especialmente ante la progresiva desescalada.
Entre otras, CEAR pide asegurar unos estándares de calidad adecuados a lo largo de todo el procedimiento de protección internacional y garantizar el acceso al procedimiento. Asimismo, insiste en reclamar la puesta en marcha de medidas de regularización extraordinaria, al tiempo que ve «urgente» concluir los más de 100.000 expedientes de asilo pendientes de resolución. Según Eurostat, a finales de abril de 2020 había 140.640 solicitudes pendientes en España.
Para la directora general de CEAR, el impacto del Covid-19 «ha convertido la poca movilidad en mucho más arriesgada y mucho más compleja para las personas que huyen», por lo que han quedado «más vulnerables». En la misma línea, ha incidido en que la pandemia «ha empeorado y recrudecido» las condiciones de vida de las personas cuyas situaciones «ya eran de por sí extremadamente vulnerables.
OBSTÁCULOS EN EL DERECHO DE ASILO
En el informe 2020, CEAR recoge los obstáculos que se mantuvieron en 2019 para hacer efectivo el derecho de asilo, a pesar de registrarse un récord en el número de peticiones presentadas. De hecho, tal y como remarca, el año pasado España fue, por primera vez, el tercer país de la Unión Europea que registró un mayor número de solicitantes de asilo.
En este sentido, Galán ha explicado que tras la declaración del estado de alarma los flujos de entrada «se han reducido enormemente» en España y que «se suspendieron de facto» las solicitudes de asilo que, en sus palabras, «no se han considerado esenciales».
Pese al aumento en solicitudes, disminuyó el porcentaje de personas que lograron protección internacional, según lamenta la entidad. España solo ofreció protección internacional al 5,2% de solicitantes, en contraste con el 24% del año anterior y el 31% de media en el conjunto de países de la Unión Europea en 2019.
Eso sí, CEAR hace hincapié en que en 2019 se concedió la autorización de residencia por razones humanitarias a casi 40.000 personas, en su inmensa mayoría originarias de Venezuela.
La organización apunta también que en 2019 aumentaron las dificultades para acceder al procedimiento, con esperas para formalizar la solicitud en ocasiones superiores a un año. Además, sostiene que los avances en materia de acogida e inclusión «fueron insuficientes» para atender las necesidades del conjunto de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas.
«España siguió poniendo numerosas trabas para que muchas personas puedan solicitar asilo en nuestro país, con la persistencia de las devoluciones en caliente, la exigencia de visado de tránsito a las personas originarias de Siria, Palestina o Yemen, o dificultando los procesos de reagrupación», ha señalado la directora de CEAR, Estrella Galán, en la víspera del Día Mundial del Refugiado.
Además, ha denunciado que «se siguen produciendo enormes retrasos de formalización y documentación, y continúan los impedimentos para acceder al procedimiento en la frontera sur, debido a la ausencia de vías legales y seguras».
«3.000 DÓLARES PARA COGER UNA BARCA HACIA CHAFARINAS»
Como ejemplo de estos obstáculos, CEAR ha facilitado el testimonio de Ahmed, un joven yemení que trató de cruzar la frontera de Melilla seis veces. «Visto que era imposible cruzar a pie lo hice por mar. Pagué tres mil dólares para coger la barca que me llevaría a Chafarinas», ha explicado.
Al respecto, CEAR subraya «la paradoja» de que a quienes huyen del conflicto en Yemen «España les dificulte la entrada a través del visado de tránsito al tiempo que resuelve favorablemente la totalidad de las solicitudes de asilo presentadas de esta nacionalidad». «Vemos cómo esta exigencia aboca a estas personas a tener que recurrir a traficantes y tomar rutas más peligrosas», ha destacado Galán.
Respecto a la reactivación de los procedimientos y la reapertura de fronteras, Galán ha asegurado que «evidentemente» que se espera un volumen importante de solicitudes cuando se reactive el tránsito aéreo. «La Oficina de Asilo y Refugio continúa teniendo un volumen importante de solicitudes de asilo sin resolver y este parón va a suponer una acumulación», ha lamentado.
Además, el informe de CEAR alerta sobre la reapertura de la «peligrosísima» ruta marítima atlántica hacia Canarias, con un importante aumento de llegadas a partir del último cuatrimestre de 2019 hasta la actualidad, y los impedimentos de traslado a la península con la consecuente saturación de los recursos existentes.
AQUARIUS: PETICIONES DE ASILO DENEGADAS
Por su parte, la directora de Políticas y Campañas de CEAR, Paloma Favieres, ha señalado que el «gesto» del Gobierno al acoger la llegada del Aquarius «era una muy buena noticia» pero ha lamentado que, dos años después, «muchos no han visto resuelta su petición de asilo o ha sido denegada».
«Hay que resolver las solicitudes, hay que cumplir los plazos que dice la ley», ha apuntado Favieres, al tiempo que ha pedido estudiar cada solicitud «de manera individualizada», analizando «caso por caso, y no denegarlas «sólo en función de la nacionalidad».
Asimismo, ha defendido la «ilegalidad» de las ‘devoluciones en caliente» porque, a su juicio, «vulnera el acceso al derecho de asilo y al principio de no devolución»; y ha pedido avanzar en materia de reagrupación familiar ya que los procedimientos «son muy largos». «En muchos casos llevan hasta dos años», ha precisado.
