La CUP reclamará esta semana al Gobierno en el Congreso que colabore con la Justicia para descubrir al responsable de la filtración del sumario de la ‘Operación Judas’ desarrollada en septiembre de 2019 contra miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y que retire las medallas y ascensos a los responsables de las cargas del 1-O y de las protestas tras la sentencia del ‘procés’.
Éstas son dos de las reclamaciones que los diputados de la CUP, Mireia Vehí y Albert Botran, han incluido en la moción que someterán este martes a votación del Pleno de la Cámara y que es consecuencia de la interpelación que dirigieron al ministro Fernando Grande-Marlaska antes del estallido de la crisis del coronavirus.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, la CUP recuerda que durante la ‘Operación Judas’ la Guardia Civil detuvo a nueve personas vinculadas a los llamados Equipos de Respuesta Táctica de los CDR, que fueron acusadas de delitos de terrorismo.
Pero, según recalca, la investigación «no fue capaz de demostrar» algunas de esas acusaciones –como la de fabricación de explosivos– y quienes fueron ingresados en prisión preventiva fueron saliendo previa fianza.
En este contexto, la formación anticapitalista plantea que el Congreso cree una comisión de investigación sobre esta operación policial y que Interior colabore en la investigación de la Audiencia Nacional abierta para determinar el origen de la filtración a los medios del sumario de la misma.
EXAMINAR A LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL
Además, intentará que el Congreso pida la libertad de las cinco personas que aún están en prisión preventiva tras ser detenidos en la ‘Operación Ìcaro’, durante las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’. La CUP sostiene que la mayoría de los encarcelados en aquel contexto denunció malos tratos por parte de la Policía.
En este sentido, sus dos diputados demandan que tanto la Policía como la Guardia Civil sean examinadas a la luz del ‘Manual para la investigación y la documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes’ de la ONU, conocido como ‘Protocolo de Estambul’.
Asimismo, intentarán que se emplace al Gobierno a retirar las condecoraciones y revocar los ascensos de los policías que dirigieron y ejecutaron las cargas policiales durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (‘Operación Copérnico’) y también los de los vinculados a la ‘Operación Ícaro.
CITAR A LOS INFILTRADOS EN LA CUP
Mireia Vehí y Albert Botran también aspiran a que la Cámara cite a los responsables de la Brigada Provincial de Información de la Prefectura Superior de Policía en Cataluña, que en 2017 «promovieron la infiltración» en la CUP.
Otra de sus peticiones es que la Policía deje la Comisaría de Vía Laietana de Barcelona y ésta se reconvierta en un centro memorial y documental de la represión franquista en Cataluña, dando así cumplimiento a una iniciativa aprobada por el Consejo en 2017.
Asimismo, aprovechan su moción para reclamar que los distintos cuerpos policiales dejen de usar pelotas de goma como material antidisturbios y que se derogue el decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez en la última campaña electoral, bautizado por sus detractores como «Ley Mordaza Digital».
