El Pleno del Congreso debate este martes la proposición de ley de bebés robados, un texto que en noviembre de 2018 ya fue tomado en consideración por la Cámara y cuya tramitación decayó con la convocatoria de elecciones de abril de 2019.
Se trata de un texto impulsado por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella argentina CeAqua, y que fue firmado en 2018 por todos los partidos que entonces se formaban el arco parlamentario del Congreso, excepto el PP. Los ‘populares’, sin embargo, votaron a favor de la norma en el debate de su toma en consideración, por lo que la ley consiguió la unanimidad de la Cámara.
A través de un comunicado, CeAqua ha explicado que espera volver a conseguir este resultado, a pesar de los cambios que se han producido, con la llegada de nuevos partidos al Congreso, tras las últimas elecciones.
De momento, la propuesta de ley regresa con la firma de todo el Intergrupo de Memoria y Derechos Humanos del Parlamento, formado por PSOE, unidas Podemos, Compromís, Más País, ERC, JxCat, Bildu, BNG, CUP y PNV. De hecho será defendida en el Pleno de forma conjunta por los representantes del partido socialista. de Bildu y del grupo parlamentario plural.
FISCALÍA ESPECIALIZADA Y BANCOS DE ADN
La norma quiere crear una unidad policial y una fiscalía especializada para investigar la trama de bebés robados y con la que, también, se pretenden poner en marcha medidas para reparar a los afectados por esta situación.
Además, da derechos a las víctimas a acceder a la documentación que les pueda ser de interés, ya sea de la Administración, de archivos privados que estén obligados por esta norma, boletines estadísticos municipales o libros de registros de ingresos, partos y prohijamientos, entre otros. Un reglamento regularía las infracciones y sanciones administrativas que se impondrán a quienes incumplan con este derecho.
También recoge que el Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de las víctimas en cuantas acciones judiciales procedan, que las exhumaciones que sean precisas «serán sufragadas por el Ministerio de Justicia» y que las pruebas de ADN serán gratuitas.
En este sentido, el texto recoge la creación de una base de datos estatal de afectados, en cuya elaboración participarán las asociaciones de víctimas. También se creará un banco único de ADN gratuito con «toda la información relevante» en relación con los casos de bebés robados. En dicho banco, explica el texto, se conservarán muestras de restos óseos.
UNA NORMA «PIONERA»
En cuanto al derecho de reparación, los reconocidos como víctimas de esta trama tendrán derecho a asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita, así como a conocer su verdadera identidad y a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas o instituciones responsables de su privación de derechos. También serán beneficiarias, de forma gratuita, de los servicios de mediación profesional para facilitar posibles reencuentros.
Además, se autoriza al Gobierno a, en un plazo de seis meses y por decreto, determinar el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctimas de esta trama.
Desde CeAqua esperan que esta norma pueda salir adelante lo antes posible. Destacan que es esta «pionera en el ámbito legislativo nacional e internacional» y «de especial relevancia para la investigación judicial» a la que exhortan diferentes organismos y convenciones de Naciones Unidas.
