Los servicios jurídicos del Congreso rechazan la admisión a trámite de la petición de Bildu de citar a comparecer en la Cámara al expresidente del Gobierno Felipe González para que dé cuenta de la vinculación de su gobierno con la creación de los GAL, pero no ponen pegas a que la Cámara pueda crear una comisión de investigación sobre el mismo tema.
Tras la desclasificación de informes de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA), que señalaba a González como creador de los GAL, Bildu solicitó que tanto él como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparecieran en sede parlamentaria para dar explicaciones al respecto.
Los servicios jurídicos se inclinan por no dar trámite a ninguna de las dos solicitudes de comparecencia. Aducen que la Cámara no puede controlar a González porque ya no es miembro ya del Gobierno y que el actual titular de Interior no puede responder por hechos anteriores a su mandato (concretamente, hace más de 25 años).
En concreto, respeto del expresidente el documento de los letrados señala que no se solicita su presencia para informar o asesorar a la Cámara sino que lo que se busca es «un control o rendición de cuentas respecto de un particular en relación con determinadas actuaciones desarrolladas durante su mandato como alto cargo», lo que no tiene cabida en el Reglamento al margen de una comisión de investigación.
TAMPOCO SE CITÓ A AZNAR
Los servicios jurídicos recuerdan que este mismo argumento fue el que, en el pasado, llevó a la Mesa del Congreso a no tramitar las comparecencias en comisiones ordinarias del expresidente José María Aznar, para dar cuenta de la supuesta financiación ilegal del PP, o de sus exministros de Defensa Pedro Morenés y de Industria, José Manuel Soria, para hablar de la visita oficial que realizaron con el Rey Juan Carlos a Bahrein en 2014.
Pero Bildu, con el apoyo de PNV, ERC, Junts, el BNG y la CUP, también registró una petición para que el Congreso crease una comisión de investigación sobre la relación de González con los GAL.
En este caso, los servicios jurídicos no ponen ninguna pega a su admisión a trámite, con lo que, si los miembros de la Mesa -integrada por PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos– siguen el criterio de los letrados, este martes, se calificará la propuesta de la coalición abertzale.
LA JUNTA DE PORTAVOCES YA DECIDIRÁ SI SE DEBATE
La semana pasada Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, anunció en un primer momento que rechazaría que el Congreso investigase si existía un nexo entre González y el terrorismo de Estado, pero después rectificó y avanzó su apoyo a la propuesta, aunque la considera electoralista.
Eso sí, que la petición sea admitida a trámite no garantiza en absoluto que llegue a debatirse, ya que después la Junta de Portavoces tendría que poner fecha en el Pleno y ahí es donde el PP y el PSOE podrían frenarla y dejarla dormir ‘el sueño de los justos’ sin que nunca se llegue a discutir en una sesión plenaria.
Esto es lo que pasa, al menos de momento, con la comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor solicitada por Compromís. Precisamente, la semana pasada PSOE y PP unieron sus votos en la Junta de Portavoces para impedir que su debate se incluyera en el orden del día del Pleno de esta semana y pueden mantener esa posición ‘sine die’.
En el hipotético caso de que el comisión llegara a debatirse en el Pleno y se le diera vía libre, el nuevo órgano sí podría solicitar la comparecencia del expresidente del Gobierno y del actual titular de Interior, puesto que el Reglamento de la Cámara establece que cada comisión de investigación es autónoma para organizar cómo realiza la tarea que tiene encomendada.
En este sentido, el documento redactado por los letrados, al que ha tenido acceso Europa Press, especifica que «son las comisiones de investigación las que elaboran su propio plan de trabajo y pueden requerir la presencia de cualquier persona para ser oída.
En lo que va de legislatura, sólo una petición de comisión de investigación ha llegado al Pleno: la que busca retomar los trabajos que en 2019 dejó a medias la comisión sobre el accidente aéreo de un avión de Spanair en Barajas en agosto de 2008. Se aceptó crearla en abril y aún está pendiente de constitución.
