Fiscalía Superior de Castilla y León ha acordado el archivo de la solicitud de investigación cursada por la Asociación El Defensor del Paciente respecto del brote de coronavirus registrado en dos residencias de ancianos privadas de Valladolid, según han informado fuentes del colectivo.
La petición de este colectivo, que adjuntaba dos enlaces de dos artículos periodísticos en los que se recogía la noticia de esos brotes, se había traducido en la apertura de diligencias preprocesales penales y su anotación en el registro correspondiente, si bien la Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, ha resuelto el archivo de las mismas tras advertir de que la solicitud «no contiene ni descripción de hechos ni de conductas ni dato alguno que pueda fundamentar una investigación del Ministerio Fiscal, por lo que ha de ser denegada».
La solicitud de investigación que se realiza, abunda Rodríguez Rey, está basada en una mera afirmación sobre la existencia de unos brotes de COVID-19 en dos residencias de ancianos y con apoyo en dos noticias periodísticas que ponen de manifiesto este hecho.
Asimismo, la solicitud de intervención que se realiza tampoco procede tal y como se realiza y con base en una mera afirmación genérica «sobre la existencia de brotes en dos residencias», pues la gestión de las residencias y su régimen corresponde a los órganos administrativos con competencia en la materia.
Por lo tanto, «no procede iniciar actuación alguna por considerar que la solicitud que se realiza carece de los requisitos imprescindibles y del fundamento mínimo y necesario para justificar una actuación del Ministerio Fiscal.Por ello, se acuerda el archivo de las presentes diligencias».
La respuesta de la Fiscalía Superior de Castilla y León ha sido acogida con profundo malestar por la presidenta de El Defensor del Paciente, Carmen Flores, quien muestra su desconfianza con la Justicia.
«No entiendo la respuesta, debo ser muy ignorante, se abren diligencias de investigación cuando lo mismo lo denuncia un político», se queja Flores, que en el presente caso rechaza que lo denunciado se trate de una mera invención. «¿Por qué no pide a los medios adjuntados los documentos y lo publicado de donde los han sacado? porque si son falsos también es delito», asevera.
FALTA DE INTERÉS POR INVESTIGAR
La respuesta de la Fiscal Superior la analiza la presidenta de El Defensor del Paciente en clave de que no interesa ahondar en el asunto». «¡Señora fiscal, 3.000 ancianos han existido, tenían caras y familias a los que no se les ha dado cobertura, y eso lo conocemos todos. Por una orden se les ha abandonado ¿esto es una noticia no valorable? perdone, pero creo que usted ha tenido la fortuna de no haberlo vivido», critica la representante del colectivo.
