El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, presentará este jueves ante el Pleno del Congreso los informe de actividades de la institución en los años 2018 y 2019, en los que se recogen algunas quejas sobre el sistema sanitario o el modelo de residencias de mayores, que en los últimos meses se han puesto «más de actualidad que nunca», como ha señalado el propio titular de la institución.
El documento de 2018 llega ahora a la Cámara porque en su día no pudo ser presentado. La actividad del Congreso y del Senado decayó ante la convocatoria de elecciones en abril y noviembre del año pasado. El del 2019, por su parte, lleva meses de retraso por la crisis sanitaria del Covid19. El Defensor del Pueblo formaba parte de uno de los colectivos de riesgo ante el coronavirus, por superar los 60 años de edad y no pudo acudir a la sede parlamentaria hasta el pasado 13 de mayo.
Según explicó en el Congreso, en 2018 su departamento tramitó un total de 16.998 quejas, lo que supone un 45,6% menos que el año anterior; mientras que un año después esta cifra se elevó a las 20.215. Por el contrario, las actuaciones de oficio de la institución cayeron en 2019 con respecto al año anterior. Así, mientras el año pasado se registraron 266 investigaciones, en 2018 fueron 372.
En el informe de 2018 se recogen aún consecuencias de la crisis económica, según explicó en su día Fernández Marugán. Así, las principales quejas recibidas tienen que ver con problemas de vivienda y, especialmente, sobre la adjudicación de viviendas de protección pública, las ayudas en materia de vivienda o la venta de vivienda de protección pública a empresas privadas. También han recibido denuncias por la «merma» de la atención sanitaria por las «carencias humanas y materiales», la gestión de la acogida humanitaria, o sobre la neutralidad ideológica en las escuelas.
UN EXAMEN A LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
En cuanto a 2019, las principales actuaciones de la institución se han basado en la compensación de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas; la insuficiencia de recursos sanitarios en las zonas rurales y la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la atención primaria; el sistema de copago de medicamentos; las deficiencias en las instalaciones escolares, los problemas para obtener becas y ayudas; o fallos en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género, entre otros.
Destaca que en el informe de 2019, el Defensor del Pueblo incluye un estudio específico sobre las residencias de mayores, un tema que, ahora, ha tiene «más actualidad que nunca», como ha explicado Fernández Marugán, como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. Tras el estudio, el Defensor del Pueblo ha sugerido a las administraciones correspondientes la realización de una «revisión profunda» del modemo, para «una atención de calidad centrada en el individuo, su dignidad y sus derechos».
En concreto, aboga por «prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora» en estos centros para poder hacer frente a los retos actuales y futuros, así como revisar al alza las ratios de personal de atención directa.
