La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado por mayoría, con la oposición de los grupos parlamentarios de PP y Vox, modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y ampliar el plazo inicial de instrucción de las causas penales hasta los 12 meses, antes de que el juez instructor decida si procede acordar nueva prórroga para continuar investigando.
Este órgano parlamentario se ha reunido este jueves para votar el informe que incluye la enmienda transaccional acordada después de que el Pleno de la Cámara Baja debatiera la iniciativa impulsada por Unidas Podemos para derogar dicho artículo, que fue reformado en 2015 con la mayoría absoluta del PP y que fijó la duración de las investigaciones en seis meses o en 18 si la causa se declaraba compleja.
El texto final acordado en esa Proposición de Ley, fija que el plazo de la investigación judicial se desarrollará en un máximo de doce meses desde la incoación de la causa y, «si con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses«.
Esas prórrogas se adoptarán mediante auto donde el magistrado deberá exponer razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, y las diligencias que se necesitan practicar. «En su caso, la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada», reza el texto.
En su cuarto punto, al artículo señala que el juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. «Transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda».
A este artículo se le añade una disposición transitoria en la que se especifica que la modificación del artículo 324 de la LeCrim «será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada de vigor de la presente Ley».
EL CAMINO HASTA SU MODIFICACIÓN
Inicialmente, la Proposición de Ley impulsada por los morados contemplaba la derogación total del artículo 324. El Congreso ya aprobó en mayo de 2017, con el voto en contra de los ‘populares’, la toma en consideración de esta misma propuesta de Podemos y sus confluencias, si bien la iniciativa sufrió después más de 60 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas sin que llegara siquiera a despegar.
Ahora, en la Comisión de Justicia se ha aprobado la iniciativa de los morados pero con la enmienda de corrección técnica que coloca en esos 12 meses el plazo de instrucción de causas penales. Durante la defensa de las enmiendas vivas que llegaban a la comisión este mismo jueves, la portavoz del PP, María Jesús Moro, ha destacado de hecho que, con la enmienda transaccional que se ha introducido, finalmente la instrucción seguirá teniendo plazos, «aunque descafeinados».
Por eso, ha acusado a Unidas Podemos de haber actuado con demagogia en este tema para acabar dando la razón a los ‘populares’, y es que «en el siglo XXI no puede haber investigación sin plazos». A pesar de esto, el PP ha votado en contra de esta iniciativa de Podemos y les ha recordado que pasan del «hay que derogar al hay que modificar».
«Han optado por un modelo dulcificado de plazos porque es una senda que no se puede abandonar sin consecuencias», ha añadido, para acto seguido señalar que el artículo 324 si bien supone mayor «coste y esfuerzo a los operadores jurídicos» es exigido por el principio acusatorio y por «la efectiva vigencia de la presunción de inocencia».
PRÓRROGAS MOTIVADAS
Con todo, Moro ha reconocido que se ha avanzado desde «el discurso negacionista» a un planteamiento de señalamiento de plazos con prórrogas que deberán ser motivadas, por lo que «no caben automatismos» en ellas, si bien, ha lamentado que en la disposición transitoria se contemple que esta modificación se aplique también a procesos judiciales en marcha.
Al hilo, ha señalado Moro que en esta ocasión ha ganado «el discurso político mas débil y efectista, que se ha llevado por delante los principios del derecho europeo», y ha finalizado su intervención diciendo que «alguien en tiempo de descuento ha tenido que venir a poner racionalidad, pero sesgada», a la iniciativa de Unidas Podemos.
Tras Moro, ha defendido su enmienda el portavoz de Vox, José María Sánchez, quien ha calificado la transaccional por la que ha salido adelante la Proposición de Ley de «alianza impía», y ha añadido que en este asunto convergen intereses tanto de PP como de PSOE que «en una geografía española sembrada de imputaciones de políticos» ven con agrado que se pueda remediar que esos enjuiciamientos sigan adelante.
Además, ha calificado la enmienda de tomadura de pelo respecto a posiciones anteriores, Podemos pedía la derogación del artículo 324 en un principio, y supone un «abuso de la potestad parlamentaria». «Me pierdo en este consenso de PP, PSOE y Podemos», ha añadido.
LA PRIMERA LEY DE LA LEGISLATURA
Ante esto, el portavoz del PSOE, Francisco Aranda, ha apuntado que pareciera que a Vox le molestara que se pacte en el Congreso, y se ha felicitado por el acuerdo entre formaciones que ha posibilitado esta modificación. «Creo que la mejor manera de mejorar la vida de la ciudadanía es ésta, llegar a acuerdos, y la Justicia es el lugar en el que se puede llegar a acuerdos», ha añadido.
Jaume Asens, de Unidas Podemos, que ha calificado de histórica esta aprobación por ser la primera ley de la legislatura, ha incidido en que con ella se lanza un mensaje importante a la ciudadanía y es que formaciones de ideologías diferentes son capaces de aunarse en un mismo objetivo como es «la lucha por la transparencia y contra la impunidad de la corrupción».
«Esto debe tranquilizar a la ciudadanía», ha apostillado, para recordar acto seguido que había un gran consenso en que el 324 estaba «al servicio de la impunidad y que el PP lo aprobó para esquivar al acción de la Justicia».
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal se ha alegrado de que hayan conseguido un texto «que pone en buen equilibrio» el derecho a la instrucción del Estado con el derecho del investigado a no tener dilaciones indebidas, y ha añadido que el primer plazo de 12 meses acordado es razonable.
«SE LIMITA EL ARBITRIO JUDICIAL»
Además, ha apuntado que no es cierto que no se reconozca el derecho a no sufrir dilaciones indebidas en el proceso dado que hay obligación por parte del juez instructor de autoevaluar la marcha de la investigación y hay derecho a recursos, por lo que los magistrados deberán motivar las prórrogas.
Por su parte el diputado de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas también se ha felicitado por el acuerdo porque se ha logrado un equilibrio entre el derecho de la defensa y el principio acusatorio. «Limitamos la posibilidad de arbitrio judicial», ha añadido para luego recordar que esta es la primera ley que se aprueba en esta legislatura.
Desde ERC, su diputada Carolina Telechea ha incidido en que la reforma era necesaria porque se sobreseían causas por no dar tiempo a la instrucción. «Favorecía la impunidad en los delitos complejos, sobre todo de corrupción», ha añadido, para apuntar que no están de acuerdo «con las prorrogas infinitas» porque hay que dotar de garantías y limites a la duración de las instrucciones.
Tras su aprobación en la Comisión de Justicia por 21 votos a favor y 14 en contra, la Proposición de Ley irá directamente al Senado sin necesidad de pasar por el Pleno de la Cámara Baja porque ha quedado aprobada con competencia legislativa plena.
