Metro de Madrid ha llegado a un acuerdo con la familia de Julián Martín, trabajador de mantenimiento del suburbano que falleció por exposición al amianto en 2018, y les abonará una indemnización por daños y perjuicios de más de 193.000 euros.
Julián Martín fue el primer empleado de la compañía al que le fue reconocida la enfermedad profesional debido a la exposición al amianto y la incapacidad permanente por este motivo.
Este acuerdo, se trata del primero al que llega Metro con empleados afectados por el amianto y supone el abono de una indemnización conjunta de 193.054,14 euros para su familia (136.298,82 euros a la viuda y 56.755,32 euros a la hija) en concepto de daños y perjuicios generados por la muerte de Julián.
La compañía ha procedido al pago inmediato de la cantidad, tras la firma del acuerdo. Ambas partes se comprometen, además, a pedir archivo de los procedimientos judiciales que se habían iniciado en relación con el pago de dicha indemnización y el porcentaje aplicable al recargo de las prestaciones de la Seguridad Social, desistiendo de sus respectivas demandas.
«Por primera vez, Metro llega a un acuerdo con las familias de los trabajadores afectados para pactar una indemnización y cerrar la vía judicial. En este asunto tan delicado, queremos trabajar con un nuevo paradigma. Para que los afectados y las familias no se sientan desatendidos por la empresa y para, en la medida de lo posible, evitar que estos casos se alarguen en los tribunales», ha explicado el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y presidente de Metro, Ángel Garrido.
Metro de Madrid va a revisar las reclamaciones de otros trabajadores y estudia la posibilidad de llegar a acuerdos como el alcanzado con la familia en los supuestos en los que se presenten características equiparables a las existentes en este caso.
El acuerdo alcanzado no afecta a la reclamación que Metro de Madrid ha planteado contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social por la forma en que han capitalizado la cantidad que debe pagar la compañía en concepto de recargo de las prestaciones sociales que corresponderían al trabajador fallecido.
En este caso, el objetivo de Metro de Madrid es que «no se incremente injustificadamente» esta cantidad con la exigencia de importes adicionales de los que el beneficiario es únicamente la Tesorería General de la Seguridad Social y no la familia del fallecido.
Metro de Madrid ya fue condenado a indemnizar con más de 370.000 euros a este trabajador también por daños y perjuicios derivados de la exposición al amianto, pero falleció antes de la conclusión del proceso judicial y sus familiares heredaron la causa.
LA FAMILIA ACEPTÓ EL ACUERDO PERO SEGUIRÁ POR LA VÍA PENAL
La viuda de este trabajador, María Eugenia Martín, ha explicado que tanto ella como su hija habían presentado una demanda contra Metro por los daños causados a ellas por la muerte de Julián y que un Juzgado de lo Social había fijado un juicio para el día de ayer.
Antes de que se celebrara el juicio, según ha relatado, Metro de Madrid contactó con su abogado proponiendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Entonces, se produjo un «tira y afloja» hasta que plantearon unas contraprestaciones al suburbano hace unos 20 días y que fue el lunes cuando contestaron que las aceptaban.
Ante esta tesitura y en vísperas de la celebración del juicio, la familia exigió a Metro el abono inmediato de la cantidad para plasmar el acuerdo, algo que la empresa hizo con la consignación de la indemnización en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Con ello, tal y como ha explicado María Eugenia Martín, el acuerdo definitivo supone también contemplar el incremento del 50 por ciento del cargo de prestación y el consiguiente aumento de su pensión de viudedad.
La viuda de este empleado ha asegurado que todo el proceso judicial con Metro ha sido «muy duro» y que ya se cierra de forma definitiva la «vía laboral» contra la empresa, pero continuará personada en la causa penal abierta contra ex responsables del servicio de Prevención Laboral de Metro, porque quiere que «justicia» y que se depuren responsabilidades.
