La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para estudiar la presunta responsabilidad contable del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en la adjudicación a la empresa Intercampo S.A. de la encuesta de abril, que se hizo en pleno estado de alarma.
El CIS seleccionó a Intercampo S.A. mediante un procedimiento de urgencia amparándose en la situación de emergencia por pandemida de covid-19.
La investigación contable procede del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, cuya titular archivó una denuncia que le presentó un abogado catalán contra Tezanos por un presunto delito contra los derechos individuales y por malversación.
No obstante, la magistrada acordó remitir los contratos al Tribunal de Cuentas para que analizara si puede existir alguna responsabilidad contable en los contratos suscritos para la encuesta que se publicó en abril, realizada en pleno estado de alarma.
La documentación ha llegado esta semana al órgano fiscalizador, que ha abierto diligencias preliminares para analizar si ve indicios para abrir una causa o bien archiva definitivamente el asunto, han señalado fuentes de este órgano.
IRREGULARIDADES EN ADJUDICACIÓN Y PAGO
El abogado Esteban Gómez Rovira apuntaba en su contrato diversas irregularidades en el contrato realizado con la sociedad Intercampo S.A. para realizar el barómetro especial de abril de 2020, tanto en la adjudicación como en la cuantía del mismo, fecha de asignación de recursos y libramiento de pago.
También pedía que se aportara la ficha técnica de la encuesta para someterla a examen pericial independiente y que se pidiera a Intercampo que realizara por su parte el volcado de todos los datos relacionados con la ejecución del contrato, incluyendo el nombre de los encuestadores y registros de llamadas, para acreditar su veracidad, y a los efectos también de prueba testifical.
Gómez señalaba en su escrito que la realidad plasmada en los sondeos del CIS conculca «a sabiendas» el derecho de los ciudadanos a obtener información veraz que ampara la Constitución. E incidía en preguntas como las relativas «a la postura del ciudadano de cara, al fin y al cabo, a una restricción del derecho a la libertad de expresión que cedería ante la supuesta urgencia de impedir la expansión de bulos».
Pese a la existencia de estas denuncias, el CIS volvió a recurrir a la encuestadora Intercampo para la realización de las 3.800 entrevistas telefónicas sobre las que se basa el barómetro de mayo. Se trata de la misma empresa con la que el presidente de este órgano, José Félix Tezanos, ya había trabajado para encuestas de la Fundación Sistema que también preside.
