El grupo de trabajo de la Ley de Cuerpos Penitenciarios se constituirá este miércoles con la presencia de los responsables de la Administración Penitenciaria y los sindicatos con el objetivo de elevar al Parlamento una norma reformada encaminada a la modernización y adaptación a la realidad social, laboral y criminológica actual.
Este grupo de trabajo, en el que están representados los sindicatos CSIF, ACAIP-UGT, CC.OO. y CIG, surgió como un acuerdo de la Mesa Delegada de Negociación de Instituciones Penitenciarias del pasado 20 de febrero y ha visto retrasado su inicio previsto para el 30 de marzo por la crisis sanitaria del Covid-19.
A día de hoy, el marco normativo de los Cuerpos Penitenciario está regulado por una norma preconstitucional como es la Ley 39/1970 sobre reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios y otra anterior a la promulgación de la Ley Orgánica General Penitenciaria como es la Ley 36/1977 de ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios.
En este marco, el objetivo de los sindicatos es el de adoptar mecanismos técnicos y legales adecuados para que los funcionarios puedan realizar su labor de la forma más profesional y eficaz posible y, para ello, apuestan por reforzar el servicio público constitucional «frente a las tentaciones emergentes de relegar la reinserción del eje de la actividad penitenciaria».
Asimismo, consideran que esta norma debe recoger las especificidades propias del sector frente al resto de funcionarios pero «manteniéndolos en el ámbito de aplicación de la futura Ley de Función Pública de la Administración General del Estado. En esta línea, ven «imprescindible» la creación de cuerpos o escales de contenido técnico que cubran aspectos actualmente no recogidos en el ámbito de la reinserción, el tratamiento, la gestión y la seguridad en los centros penitenciarios, apostando por una promoción profesional específica, una escuela de formación propia y un reciclaje laboral adecuado.
En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos han recalcado además la necesidad del reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad «en aras a la defensa y la seguridad jurídica de los empleados», junto con un sistema de cobertura jurídica, así como la reclasificación de los centros penitenciarios al considerar que no pueden existir nueve categorías distintas, con retribuciones diferentes, pero con similares funciones.
Finalmente, reclaman mecanismos de rejuvenecimiento de las plantillas, actualmente con edades medias superiores a los 53 años, mejorar la figura de la segunda actividad, introducir una modalidad basada en problemas de salud y generar un sistema de jubilación anticipada propio para el personal penitenciario.
