Más de 400.000 hogares han solicitado el ingreso mínimo vital (IMV) de forma telemática desde que se abrió el plazo para pedirlo, a mediados de junio, ha explicado este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
En la inauguración telemática de la 29 Escola d’Estiu de la Diputación de Barcelona, ha señalado que, con datos hasta el pasado viernes, la ciudad de Barcelona, ha pedido 41.000 de estas más de 400.000 solicitudes, y ha explicado que ahora se está evaluando si la documentación es correcta y se cumplen las condiciones para recibir el ingreso.
Escrivá ha defendido que el IMV era un instrumento «necesario y urgente», ha señalado que más que una prestación y derecho subjetivo es una serie de políticas en torno a una prestación para ser eficaces en la inclusión, y ha remarcado que incorpora un instrumento de evaluación muy potente para ver si cumple sus objetivos.
Ha subrayado que el Ministerio ha cuantificado en unos 3.000 millones de euros el coste anual del ingreso mínimo, y ha afirmado que se propone llegar a unos 850.000 hogares –unos 2,3 millones de personas–.
El ministro ha asegurado que «no es fácil» llegar a esos 850.000 hogares porque existe un porcentaje que siendo potencialmente destinatarios no reciben la prestación porque no presentan la documentación, desconocen el ingreso o incluso tienen miedo a interaccionar con la administración.
Es por ello, según Escrivá, que el Gobierno operará en cuatro fases: una primera, con un reconocimiento de oficio de familias con rentas por debajo de las garantizadas, con el que 75.000 familias ya han recibido prestación este junio; una segunda, en la que se ha abierto la capacidad de recibir prestaciones, que ya están por encima de las 400.000, pero que admite que «no va a ser suficiente».
Ha explicado que en la tercera y cuarta fase trabajará junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para, con las primeras, comprobar cuántos ciudadanos que reciben prestaciones autonómicas pueden ser beneficiarios del IMV, y con los consistorios, poder hacer que estos funcionen como agentes.
Escrivá ha subrayado que la implementación del ingreso no tendrá éxito si la ciudadanía no evita la «trampa de pobreza», de la que cuesta salir una vez se ha entrado, ha abogado por trabajar con todas las administraciones para ver los mejores itinerarios de inclusión y formación y por una evaluación y seguimiento de las políticas, por parte del Ejecutivo, pero también del tercer sector.
La presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín, ha asegurado que el IMV es una «acción política de gran calado, una medida firme» con dimensión estructural que pretende erradicar la pobreza extrema e infantil, y ha ofrecido al Ministerio trabajar juntos en su implementación y en la formación de los trabajadores sociales para asesorar a los ciudadanos.
Marín ha defendido que el ingreso mínimo es una «medida única, decisiva y fundamental» para que ningún ciudadano quede descolgado en la etapa postcovid, y ha remarcado que el ámbito local está recibiendo una parte importante de la demanda, por lo que ha abogado por trabajar juntos.
La presidenta de la Diputación ha explicado que los municipios reportan una gran preocupación en aspectos como la emergencia habitacional y alimentaria estos meses, que obliga a los servicios sociales a establecer dispositivos de atención, y ha señalado que la corporación aprobará una partida de dos millones para reforzar los servicios sociales básicos.
