El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha expuesto este lunes ante los titulares del ramo de la Unión Europea los métodos empleados en España para contrarrestar la desinformación generada por las conocidas como ‘fake news’ (noticias falsas) y el discurso de odio por internet durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.
Los ministros de Justicia e Interior (JAI) de la Unión Europea se han reunido este lunes por videoconferencia para celebrar la primera reunión informal bajo la presidencia de Alemania, en la que se han expuesto las distintas formas de afrontar los efectos del covid-19 en las democracias europeas.
Así, por un lado, se ha abordado las medidas adoptadas por los Estados miembros –analizadas tanto por la Comisión como el Parlamento europeo– en relación al impacto de la pandemia en el campo de la Justicia, especialmente su afectación al funcionamiento de los sistemas judiciales, tanto en el ámbito de derecho civil, como en el derecho penal y el uso de herramientas digitales por los tribunales.
En este sentido, Zapatero ha explicado que en España «la gravedad y velocidad de la pandemia obligó a imponer medidas restrictivas muy exigentes para la población», destacando que «éstas han resultado eficaces» y que en todo momento se ha garantizado el ejercicio de los derechos fundamentales.
Así, ha indicado que durante el estado de alarma, que se declaró el pasado 14 de marzo y que ha tenido una duración de tres meses, el acceso a la justicia se ha asegurado a través de «medios tecnológicos adecuados, con la proporcionalidad y la temporalidad como cualidades básicas en su aplicación».
DOS OPORTUNIDADES
En este punto, Zapatero ha aprovechado para hacer hincapié en las «dos oportunidades» que se abren en la Administración de Justicia a raíz de esta situación: el impulso del teletrabajo y el uso de medios telemáticos.
Asimismo, durante su intervención, el secretario de Estado ha señalado que «la desinformación puede causar daño pero no es necesariamente ilegal, mientras que las manifestaciones más extremas del discurso de odio son ilícitas y conllevan una respuesta penal».
Ha explicado que el ordenamiento jurídico español «ya dispone de métodos efectivos de investigación y protocolos de actuación contra los delitos de odio, además de la formación a jueces, fiscales, fuerzas del orden y la dispensa de atención especializada a las víctimas».
También ha destacado como instrumentos básicos para contrarrestar la desinformación «la difusión de información científica fiable por canales públicos, la política de comunicación del Gobierno, –con comparecencias públicas constantes de autoridades sanitarias–, y la difusión de conocimiento de modo efectivo y en tiempo real.
INICIATIVAS EUROPEAS
Según ha explicado el Ministerio de Justicia en un comunicado, durante los últimos años la Unión Europea ha puesto en marcha múltiples iniciativas orientadas a prevenir y minimizar la difusión masiva del discurso de odio y las campañas de desinformación a través de la red.
Así, la Comisión europea lanzó en 2018 el ‘Código Europeo de buenas prácticas contra la desinformación’ y el pasado 10 de junio presentó una comunicación titulada ‘La lucha contra la desinformación acerca de la COVID 19: contraste de datos’.
Otro de los puntos abordados ha sido la nueva estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de las víctimas 2020-2025, con el objetivo de garantizar que las personas que sean víctimas de delitos sean reconocidas y tratadas con respeto, reciban la debida protección y apoyo y tengan acceso a la justicia.
En este ámbito, España cuenta con un marco de protección a las víctimas «muy avanzado» y promueve un apoyo integral a las mismas, ha subrayado el Ministerio.
Este ha sido el primer encuentro del Consejo JAI bajo la presidencia rotatoria de Alemania, que ha apostado por construir un espacio de justicia resiliente en el que la mejora del acceso a la justicia, especialmente a través de las tecnologías digitales; el fortalecimiento de la cooperación judicial en materia penal; y el avance de las negociaciones para la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos sean los ejes de su mandato semestral.
