El presidente del PP, Pablo Casado, ha abogado este miércoles por una Ley contra la ocupación ilegal de viviendas que incluya recuperar el delito de usurpación con penas de uno a tres años de prisión y que facilite a la Policía poder echar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas.
Casado ha defendido esta propuesta en un acto electoral en San Sebastián tras visitar la empresa Viralgen, dedicada al sector biofarmacéutico, junto al candidato a lehendakari por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz. Se trata de una iniciativa que el PP ya incorporó a su programa electoral en las pasadas elecciones generales.
El líder del PP ha señalado que el Grupo Popular ya ha registrado en el Congreso una proposición de ley «antiokupas» con cinco puntos fundamentales: en primer lugar, recuperar el delito de usurpación que lleve aparejada condenas de uno a tres años de cárcel. Según ha añadido, el PSOE «lo rebajó a multas».
En segundo lugar, ha señalado que el PP quiere que el desalojo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «se pueda hacer en 24 horas o en un máximo de 48 horas», «dando plena seguridad jurídica a los servidores públicas».
«NO PERMITIR EMPADRONARSE A LOS OKUPAS»
Además, Casado ha indicado que en esa ley plantean «prohibir que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas como está pasando ahora». «Es el colmo, se empadronan para recibir ayudas sociales y se empadronan además para que sus legítimos propietarios no les puedan desahuciar ya que se considera al estar empadronados como su morada», ha enfatizado.
También ha defendido que las comunidades de vecinos, «ante comportamientos violentos de los okupas, puedan actuar directamente ante los tribunales«, así como que los propietarios que sean personas jurídicas «puedan actuar contra la ocupación. Esto no solo son fondos de inversión. Hay inmobiliarias, hay pequeños autónomos, que tienen pisos y los tienen registrados como personas jurídicas y hasta ahora no podían a actuar», ha manifestado.
Casado ha resaltado que esa norma contra la ocupación ilegal «no afecta a los desahucios por causas de vulnerabilidad social o económica» y ha agregado que con su norma el PP busca proteger a «clases medidas ahorradoras que no tienen por qué ver su casa ocupada y cada vez más con mafias y con redes de extorsión dedicados a ello».
«El tema de desahucios hipotecarios por vulnerabilidad social no opera para esto. Todo lo contrario. Mantenemos nuestra propuesta, como hicimos en la última crisis», ha abundado, para preguntar al lehendakari, Iñigo Urkullu, si está a favor de este tipo de propuestas o de «naturalizar, como diría Pablo Iglesias, este tipo de delitos».
LA VIVIENDA, UN TEMA QUE «PREOCUPA» EN GUIPÚZCOA
Casado ha señalado que la vivienda es un tema que «preocupa» en Guipúzcoa porque «falta suelo, faltan viviendas» y los jóvenes no se pueden emancipar» porque «el alquiler está muy caro» y también «la compraventa».
En este punto, el líder de los ‘populares’ ha defendido el plan de vivienda que ya propuso el PP en las elecciones generales del pasado mes de noviembre y que, a su juicio, en el País Vasco es «fundamental».
«Tenemos que encontrar terrenos de propiedad pública, en la que se puedan desarrollar viviendas para dedicarlas a un alquiler con opción a compra, sobre todo para familias vulnerables, numerosas o monoparentales con hijos a cargo o jóvenes que se quieren emancipar», ha dicho, para añadir que el PP estos programa de viviendas el PP quiere incentivarlos con deducciones o rebajas en el ITP o en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
