El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado los trabajos para actualizar las condiciones mínimas de calidad en los centros residenciales de mayores en la región, que concluirá con la aprobación de una norma con rango de decreto que establecerá las condiciones esenciales que deben tener los centros de carácter social destinados a la atención de las personas mayores, una vez estudiadas las necesidades actuales de dichos recursos.
Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, tras las mesas de seguimiento del Pacto para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha post COVID-19, que se han celebrado esta mañana con las formaciones políticas PSOE y Ciudadanos en la Consejería, ha informado la Junta en nota de prensa.
La titular de Bienestar Social ha estado acompañada por los diputados socialistas Pablo Camacho y Ana Isabel Abengózar; las diputadas de Ciudadanos Úrsula López y Carmen Picazo; la representante de la Vicepresidencia del Gobierno, Carmen Alcalá; así como por el equipo directivo de la Consejería de Bienestar Social.
CALIDAD ASISTENCIAL
En el primero de estos encuentros, Aurelia Sánchez ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la atención a las personas mayores, para ello se ha abordado la actualización de la normativa referida a las condiciones mínimas de los centros residenciales, «cuyos objetivos serán asegurar un adecuado nivel de calidad en la prestación de los servicios destinados a los usuarios desde el punto de vista de los profesionales, de la calidad de la atención a los residentes e incluso de las condiciones arquitectónicas de las instalaciones», ha subrayado la consejera.
En este sentido, la titular de Bienestar Social ha dado cuenta de los resultados obtenidos por el grupo de trabajo constituido por expertos, técnicos de la Consejería de Bienestar Social, directivos de los centros residenciales, personal de inspección y calidad de los servicios, técnicos de accesibilidad, jurídicos y economistas que trabajan en la actualización de la regulación actual, adecuándola a los tiempos y a las necesidades que se han detectado con mayor intensidad a raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
Se trata del desarrollo reglamentario de la Ley 14/2010, de Servicios Sociales, y debe integrar también criterios plasmados en los Acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que necesitan su implantación normativa en la Comunidad Autónoma.
Por otra parte, durante el segundo encuentro se ha abordado la implantación del Ingreso Mínimo Vital en Castilla-La Mancha y su relación con el sistema de protección social de la región «con el objetivo de intensificar la protección social de las personas y las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aportándoles apoyo económico para que puedan atender sus necesidades básicas», ha aseverado la consejera de Bienestar Social.
De este modo, Aurelia Sánchez ha remarcado que con este encuentro se cumple con «el objetivo de seguir desarrollando los contenidos contemplados en el Pacto por la Recuperación Económica y Social que permitirán recuperar la normalidad y reforzar los servicios públicos.
