Ciudadanos ha denunciado ante la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo español y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y otros representantes de Podemos han emprendido una «campaña de acoso» contra determinados medios de comunicación y periodistas.
La eurodiputada Maite Pagazaurtundua, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y miembro de la delegación de Cs, se ha dirigido por carta a la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, y a los dos organismos españoles para transmitirles su preocupación ante ciertas declaraciones de miembros del Gobierno, entre ellos Iglesias, y portavoces de Podemos.
Tras subrayar que «la existencia de unos medios de comunicación libres y plurales es fundamental para una democracia saludable», Pagazaurtundua ha pedido que se preste atención a los «ataques a los medios desde los gobiernos o partidos de gobierno», algo que ocurre en países como Polonia y Hungría y, a su juicio, ahora también en España.
DECLARACIONES DE IGLESIAS SOBRE UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La eurodiputada sostiene que las declaraciones de Iglesias y de otros políticos en relación con la pieza Dina del caso Villarejo, «un caso judicial muy turbio que podría involucrar al vicepresidente del Gobierno en un uso ilegal de datos y fotos privados sensibles» de su exasesora Dina Bousselham, «podrían conllevar una vulneración de los principios de imparcialidad, independencia y no discriminación que deben regir la actuación y comportamiento del Gobierno y sus miembros.
Iglesias defendió el martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que hay que «naturalizar» que «cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política» esté sometido «tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales.
Lo dijo en relación con los ataques recibidos en redes sociales por el periodista Vicente Vallés, al que Podemos ha criticado por el modo en que ha informado sobre la investigación judicial acerca del robo del móvil de Bousselham, en la cual Iglesias –que guardó la tarjea SIM de su exasesora durante meses– ha perdido recientemente la condición de perjudicado.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, afirmó que a Vallés le ocurre «lo mismo que a toda la derecha y la ultraderecha: le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno».
Pagazaurtundua considera que declaraciones como éstas «podrían formar parte de una ‘campaña’ de acoso contra medios de comunicación y periodistas concretos, en la que sus promotores, miembros del Gobierno de España, se estarían aprovechando de su posición y poder de forma inapropiada».
PARTIDOS DE GOBIERNO CRITICANDO A MEDIOS
En las cartas que ha enviado, fechadas el martes 7 de julio, recuerda que tanto la Constitución Española como la Carta Europea de Derechos Fundamentales exigen el respeto a las libertades de expresión e información de los medios de comunicación.
«La prensa es un sector estratégico al que hay que respetar y apoyar en este tiempo histórico convulso para conservar el sentido de su labor de control sobre la transparencia del ejercicio del poder y, por tanto, de garantía de la calidad de las democracias. Los líderes de partidos en el gobierno no deben caer en la tentación de limitar, criticar, juzgar o minusvalorar el trabajo de los medios de comunicación», recalca.
Asimismo, la eurodiputada de Ciudadanos alude a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que en su artículo 26 «establece claramente los principios éticos y de actuación» que deben regir la labor de los miembros del Gobierno, así como «el régimen de infracciones y sanciones aplicable en caso de no hacerlo, que incluye la destitución del cargo público involucrado».
A su modo de ver, la conducta del vicepresidente del Ejecutivo «iría contra los principios mencionados y podrían ser constitutivas de infracción» según esta ley, «por no respetar la Constitución, llevar a cabo conductas discriminatorias basadas en las convicciones o ideología o abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, entre otras».
POSIBLES INVESTIGACIONES
En las misivas remitidas por Pagazaurtundua, se pregunta a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y al CTBG si consideran que los medios de comunicación «deben ser protegidos para tener la libertad necesaria de ejercer el control adecuado sobre la acción de gobierno y sobre delitos potenciales ligados a personas que están en el Gobierno».
Además, quiere saber si los dos organismos españoles iniciarán una investigación «para aclarar la naturaleza, intención y posibles consecuencias de las declaraciones» de Iglesias y si la Comisión Europea incluirá «el análisis de la libertad de expresión y las cuestiones del pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en el siglo XXI» dentro del Plan de Acción de la UE para la Democracia.
