La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha relacionado la mala calidad de la uniformidad con la operación de anticorrupción que se saldó ayer con siete detenidos, entre ellos varios mandos, por amaños en los contratos de este tipo de servicios.
La asociación ha recordado sus quejas, antes de la operación de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de instrucción número 50 de Madrid, por las prendas «muy deficientes en sus materiales y confección, de muy rápido deterioro y absolutamente inadecuadas para soportar los rigores invernales y las altas temperaturas del verano».
AUGC se queja de la poca disponibilidad de las prendas de especialidades como Tráfico y Seguridad Ciudadana al tiempo que ha censurado los «derroches absolutamente innecesarios» como el del cambio en las gorras con distintivos para diferenciar a oficiales, suboficiales y cabos, lo que relaciona con el «afán de presunción de algunos altos mandos y su permanente clasismo».
AUGC ha felicitado el trabajo realizado por la Unidad de Asuntos Internos y recuerda la carestía de medios de protección como los chalecos antibala, poniendo de ejemplo el reciente tiroteo en la localidad murciana de La Unión, donde los agentes no disponían de la prenda porque no fue distribuida desde la comandancia.
La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil practicó ayer siete detenciones, entre ellos un coronel y un teniente coronel del servicio de contratación de la Dirección General, en una investigación desarrollada fundamentalmente en la Comunidad de Madrid.
De las diligencias de instrucción se desprenden indiciariamente la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.
La investigación ha revelado la existencia de una manipulación en un gran número de expedientes de contratación, entre ellos de suministros de prendas y artículos de uniformidad. La actividad delictiva se desarrolló a lo largo de varios años y han participado integrantes de la Dirección General de la Guardia Civil, particulares y empresas contratistas.
En octubre de 2017, el mismo Juzgado de Madrid ordenó dentro de la ‘operación Grapa’ una batería de diligencias que afectaban a la Policía Nacional, sobre todo a su División Económica y Técnica, practicando 14 detenciones por cobrar mordidas a cambio de amañar diversos contratos relacionados con el servicio de cafetería y comidas, además de la confección de uniformes y obras.
