El abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, ha alegado que Francisco Franco «se apropió ilícitamente» del Pazo de Meirás mediante «un fraude», ha dicho sobre la escritura de compraventa de 1941, en sus conclusiones finales del juicio para reclamar la devolución del inmueble como «bien público».
«Estamos ante un título simulado que busca generar la apariencia de que Franco lo adquirió», ha resumido en alusión a la escritura de 1941. Además, ha apelado al protocolo notarial de 1938 por el que la Junta pro Pazo habría adquirido el inmueble mediante un proceso de «naturaleza coercitiva», ha dicho sobre la suscripción popular.
Y es que para el letrado «se silenció la donación al Estado –ha expuesto en referencia a la figura de Franco como jefe del mismo–, se silenció la intervención de la Junta pro Pazo y se da la apariencia de que estamos ante una compra-venta normal».
«Es un fraude», ha recalcado sobre la escritura de 1941 y en una intervención en la que ha afirmado que eso facilitó hasta ahora «habilitar una posesión por los herederos de Franco». «Una posesión viciada que ha impedido la actuación del legítimo propietario», ha dicho sobre el Estado, del que ha defendido, en base a los documentos y declaraciones en el juicio, las aportaciones económicas en el inmueble.
«El dominio público es imprescriptible», ha añadido ya en términos jurídicos y en respuesta a los argumentos de los Franco, que alegan una usucapión –modo de adquirir una propiedad– por parte de los herederos del dictador, puesta, sin embargo, en cuestión por la parte demandante y las demás administraciones intervenientes, la Xunta, la Diputación coruñesa y los ayuntamientos de A Coruña y Sada.
En sus conclusiones, el letrado del Ayuntamiento de Sada ha dicho que «no procede la usucapión por parte de los herederos», pero sí ha respaldado la invocada, a este respecto en su demanda, por la Abogacía del Estado.
DEBATE SOBRE EL IBI
Y es que todas las administraciones han rechazado los argumentos de la familia Franco para reivindicar el Pazo de Meirás como una «propiedad privada», para lo que alegan, entre otros aspectos, los rendimientos de la explotación agropecuaria declarados a Hacienda o el pago del IBI por parte de Franco, algo que las primeras han cuestionado.
«Solo está probado que se giró –a nombre del dictador–«, ha manifestado sobre este impuesto el letrado de la Xunta, para quien, aunque lo hubiese pagado, no sería «un elemento decisivo». Además, ha apelado a la presencia de un guardia-hortelano, un guardia civil, hasta el año 1990, cuyo sueldo abonaba el Estado.
«Franco solo figuraba como titular en el catastro, no se puede invocar para la posesión en concepto de dueño», ha añadido la letrada del Ayuntamiento de A Coruña que, como los demás, ha reivindicado las obras y otras actuaciones financiadas por administraciones públicas. «Había una partida fija en la Casa Civil», ha recalcado el abogado del Estado.
DONACIÓN A UN JEFE DEL ESTADO
Y es que estas administraciones defienden que el Pazo de Meirás fue donado a Franco como jefe del Estado, pero que, al amparo de la escritura de 1941, que califican de «simulada», los herederos pretenden alegar que se trata de una «propiedad privada».
Este argumento lo han rechazado en sus conclusiones todas las partes, defendiendo que, en todo caso, tenía que haber habido una «recepción formal» con implicación del Ministerio de Hacienda, lo que no existió, según el Estado.
«Decir que es una donación a Franco, como persona física, es una afirmación aventurada, es por su perfil institucional, es el jefe del Estado», ha insistido la parte demandante. En la vista, el letrado de la Xunta ha apelado, mientras, al «derecho legítimo de los nietos a recuperar el expolio de sus abuelos».
