La Comisión de Justicia del Senado ha dado este jueves luz verde a la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para ampliar hasta 12 meses el plazo tope para las instrucciones de las causas penales. El texto se debatirá la semana que viene en el Pleno, donde previsiblemente se aprobará para que entre en vigor.
Los portavoces de Justicia de los distintos grupos parlamentarios se han reunido para debatir y votar si se envía o no el texto íntegro remitido por el Congreso de los Diputados. Tras rechazar la mayoría la propuesta de veto presentado por el PP y tras anunciar que tampoco se apoyarían las enmiendas presentadas también por los ‘populares’, por Vox y ERC, se ha acordado mandar la reforma aprobada por la Cámara Baja.
No obstante, el PP y Vox han anunciado que mantienen sus enmiendas, por lo que también las llevarán a la sesión plenaria que se celebrará la semana que viene, mientras que ERC ha confirmado que finalmente retirará las suyas.
Así, el Pleno analizará la proposición de ley para modificar el artículo 324 de la LECrim que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados acordó la semana pasada, con la única oposición del PP y VOX, para deshacer la reforma que hizo el PP en 2015, cuando tenía la mayoría absoluta en las Cortes, que fijó la fecha tope para las investigaciones penales en seis meses con carácter general o en 18 si la causa se declaraba compleja.
El nuevo texto señala que si el juez instructor considera que la investigación no puede concluir en el plazo marcado, puede «acordar de oficio o a instancia de parte», y una vez «oídas las partes» las «prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses».
Estas ampliaciones tendrán que ser motivadas a través de un auto donde el juez instructor exponga «razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, y las diligencias que se necesitan practicar». Asimismo, «en su caso, la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada», reza el texto aprobado.
LA INICIATIVA DE PODEMOS ERA DEROGAR EL ARTÍCULO
El PP ha insistido en que esta reforma del «PSOE y su socio», en referencia a Unidas Podemos, da la razón a los ‘populares’ en que eran necesarios los tiempos de instrucción, pues ha recordado que la iniciativa impulsada por la formación ‘morada’ era derogar este artículo, si bien finalmente se ha consensuado ampliar el establecido en 2015.
El senador ‘popular’ Fernando de Rosa ha criticado que la modificación del artículo adolece de «oportunidad y técnica jurídica» y ha acusado al Gobierno de tener una «motivación política.
En este sentido, ha tildado la reforma de «muy precipitada», por un lado porque no entiende la urgencia con la que se está tramitando. Por otra parte, el senador no ve cuál será la «virtualidad» de la nueva redacción del precepto si el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene la intención de presentar antes «de finales de año» un anteproyecto de ley para la reforma de la LECrim, para otorgar la dirección de las instrucciones penales a los fiscales.
Además, para De Rosa, este aspecto también le hace ver que la nueva redacción del artículo 324 de la LECrim tiene una deficiencia de técnica jurídica porque es contraria a lo que Campo quiere presentar en el Consejo de Ministros. Según ha dicho, «el juez va a volver a su papel inquisitivo que había sido abandonado».
Ha asegurado que los nuevos plazos de instrucción va a provocar «una nulidad y una absolución», por lo que ha dicho que espera que «la motivación última de esta reforma no esté pensada en determinadas personas».
REPROCHES DEL PSOE AL PP
Sin embargo, el secretario general de los socialistas en la Cámara Alta y miembro de la Comisión de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha censurado las palabras del senador ‘popular’, ya que, en su opinión, la reforma que se aprobó en 2015, que coincidió con la instrucción del ‘caso Gürtel, ha recordado, sí que ha supuesto «un instrumento al servicio de la impunidad».
«Que usted diga que el PSOE quiere alargar procesos y que tiene una motivación política tiene bemoles», ha dicho Rodríguez, que ha destacado que la modificación que hicieron los ‘populares’ «se produjo en contra del criterio de todos los operadores jurídicos» y que «lejos de agilizar nada pusieron y ponen en riesgo la justicia».
Con todo ello, ha defendido que es un texto que se ha redactado «al margen de ideología», que consigue «equilibrar la investigación y el derecho del investigado» y que «va a impedir el cierre en falso de los procesos».
En la misma línea se ha manifestado el portavoz socialista de Justicia en el Senado, Txema Oleaga, que ha destacado que la reforma tiene un «valor simbólico» porque dar respuesta a la petición de la ciudadanía de que se abra una «senda de diálogo» y no «insultos y debates broncos». Asimismo, ha hecho hincapié en que, de salir adelante la semana que viene, será la primera de la legislatura.
EVITAR LA «IMPUNIDAD»
El resto de grupos parlamentarios, salvo VOX –que también se ha mostrado en contra de la modificación legal–, han hecho una defensa de la «necesidad» de esta reforma y han coincidido con el PSOE en que límite temporal aún vigente ha generado «impunidad».
En este punto, aunque partidos como Ciudadanos o Compromís han destacado que la falta de recursos y medios van a seguir ralentizando la investigación de las causas penales, han incidido en que la reforma del PP tenía como objetivo el archivo de causas de corrupción que afectaba a altos cargos del PP, como ocurrió con el ‘caso Pasarelas’ en la que se encontraba imputado el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez
El senador de VOX Jacobo González-Robatto también cree que los plazos máximos son la «puerta abierta a la impunidad» y ha afirmado que mantenerlos conviene para «proteger casos de corrupción». Por ello, ha apostado porque no haya ningún tipo de tiempo establecido y que sea el juez el que decida cerrar las instrucciones cuando lo considere oportuno.
