La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía de Madrid una denuncia interpuesta por la Asociación El Defensor del Paciente contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudentes en relación a las muertes en residencias y el protocolo sobre derivación a hospitales durante la crisis del coronavirus.
En un escrito la Fiscalía General comunica el traslado de la petición que realizó la asociación para que Madrid siga la tramitación de la denuncia presentada a raíz de las manifestaciones realizadas por Ayuso en una entrevista publicada el pasado 10 de mayo en el diario ‘El Mundo’.
En un comunicado, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores ha señalado que espera que sea «fructífero» el mandato de la Fiscalía General a la Madrid y finalice con «la depuración de responsabilidades».
La denuncia basa su petición de investigación en relación a los polémicos protocolos sobre derivaciones de residentes a centros hospitalarios durante el pico de la pandemia, pues la asociación entiende que muchos ancianos «murieron abandonados y desamparados».
Flores tachaba de «inhumana» las manifestaciones de Ayuso en esa entrevista y sostenía que la presidenta regional infringió «toda la normativa en materia de Sanidad y Derechos Humanos». Por ello, Flores pidió que se investigara cuántos han podido fallecer sin recibir la asistencia adecuada debido a esta decisión.
La asociación basó su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que «obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal».
La Comunidad de Madrid ha recalcado en diversas ocasiones que no hubo ninguna orden ni instrucción política para restringir las derivaciones de residentes a hospitales, para añadir que una parte importante de los hospitalizados durante la crisis son mayores de 70 años.
El Juzgado de Primaria Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro decretó el archivo de un proceso penal contra la Consejería de Sanidad por presunta denegación de auxilio durante la gestión de la pandemia del coronavirus en la residencia de ancianos Pablo Neruda de Ciempozuelos, en la que fallecieron varias personas a causa de la Covid-19 a los que se solicitó derivación a hospital.
