La red desmantelada por la Guardia Civil en Valencia por vender material sanitario irregular distribuía productos, entre ellos mascarillas, caducados desde noviembre de 2014, como ha precisado la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Así, ha indicado que gracias a un operativo «de verdadero calado», en el que se ha detenido a 14 personas y se han intervenido más de 300.000 mascarillas, se logrado que la cantidad de estos efectos que ha llegado al usuario final haya sido poca.
Gámez se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido en València para informar de esta operación, llamada ‘Face Mask’, coincidiendo también con la visita que ha realizado a esta zona de la Guardia Civil para conocer distintas dependencias y el trabajo de diferentes unidades.
Junto a la directora general ha comparecido también el teniente coronel y jefe de operaciones José Celdrán, responsable de este operativo, así como otros mandos de la Benemérita. La presentación de ‘Face Mask’ ha tenido lugar en el acuartelamiento de Cantarranas de la capital valencia, donde se ha expuesto el material intervenido.
Los 14 arrestados, todos españoles excepto uno de nacionalidad italiana, están siendo investigados por cinco delitos: contra la salud pública, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, ha detallado María Gámez. Igualmente, ha resaltado que se han practicado registros en Valencia, Zaragoza y Guipúzcoa y que se han bloqueado hasta 33 cuentas bancarias.
Además de la gran cantidad de mascarillas quirúrgicas que se ha logrado decomisar en esta operación, se han intervenido otros productos como guantes, medicamentos, jeringuillas, equipos de oxigenoterapia y botellas de drenaje.
Sobre el ‘modus operandi’ llevado a cabo por los detenidos, la directora general de la Benemérita ha explicado que «la red desmantelada cambiaba los envases de las mascarillas, donde se indicaba la fecha de caducidad de las mismas, por unas bolsas transparentes en las que ya no aparecía fecha alguna» y ha detallado que «estas se introducían después en cajas más grandes y así ya no había ni rastro ni de la fecha de caducidad».
Gámez ha explicado que la operación ‘Face Mask’ se inició «poco después de la declaración del estado de alarma» decretado por el Gobierno ante la pandemia de la Covid-19 y tras «tener conocimiento del transporte de una gran cantidad de mascarillas entre Andoain y la Pobla de Farnals.
Asimismo, ha destacado que «en esas fechas existía una gran demanda de material sanitario» ante el inicio de la pandemia y «enormes dificultades para su adquisición». A su vez, ha precisado que el grupo delictivo compró el material «a una empresa que a su vez lo había obtenido de otra empresa que se encontraba en proceso concursal».
María Gámez ha añadido que una vez que estos productos se encontraban en las naves de distribución localizadas en cuatro municipios de la provincia de Valencia, se trasladaba a diferentes localidades de España. Tras ello, ha resaltado que durante la investigación se ha determinado también que «la red intentó exportar estos productos sanitarios a países como Portugal, Italia, Colombia y Turquía».
Igualmente, ha manifestado que el material «llegó a distribuirse en Zaragoza, en Valencia y también por internet» y ha apuntado que «la distribución se materializaba en pack», con «una caja pequeña con mascarilla, guantes y gel hidroalcohólico».
SIN DOCUMENTACIÓN
Gámez ha subrayado que todos los productos «carecían de la documentación exigida» y ha afirmado que esta se falsificaba «para poder introducirlos en el mercado, con supuestos certificados de los organismos notificadores o con modificaciones de las declaraciones web de conformidad del fabricante que no se correspondían con esos productos o que se falsificaban».
La responsable de la Guardia Civil ha valorado tanto el trabajo de este cuerpo de seguridad como la colaboración que ha habido por parte de técnicos del Instituto Valenciano de Salud y Seguridad en el Trabajo y de inspectores de Farmacia de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana. «Esto demuestra que la colaboración entre instituciones contribuye al éxito de estas operaciones», ha dicho.
María Gámez ha insistido en que aunque parte del material con el que comerciaba la red desmantelada fue distribuido, «mayoritaria e inmensamente ha sido recuperado», lo cual ha permitido evitar «el riesgo que podría tener este fraude y el uso de material caducado» por parte de «personas o colectivos».
En este sentido, José Celdrán ha aseverado que, «fruto de la investigación» llevada a cabo, se estima que ha sido «muy poquito» el material que ha llegado al usuario final. Ha resaltado que ha sido importante la cantidad localizada «en almacenes y puntos de venta antes de llegar al destinatario final» y ha añadido que el material se remitió a algún supermercado, farmacia, clínica, empresa y para la venta por internet.
«PRECIOS BASTANTE ELEVADOS»
Preguntado por el valor de los productos intervenidos, el teniente coronel responsable de la operación ‘Face Mask’ ha indicado que «no se puede estimar un valor aproximado» pero ha considerado que podría ser «mucho dinero», dado que se puso el material de este tipo que se vendía al inicio del estado de alarma tenía «precios bastante elevados» y que «todo el material sanitario que había era muy demandado».
A este respecto, ha añadido que el valor que podría tener al principio sería «mucho más que el valor actual de mercado de esa cantidad de mascarillas» porque los precios se ha reducido. Celdrán ha expuesto que las personas detenidas hicieron la inversión en el material «no porque se dediquen habitualmente a comerciar con material sanitario» sino a que «vieron una oportunidad de hacer negocio» ante la demanda de este tipo de productos.
