La exmiembro de la Mesa del Parlament por ERC Anna Simó ha dicho este martes al declarar como acusada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que al actuar desde ese cargo se sentía «obligada a velar por los derechos de los diputados y diputadas».
Simó solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Raimon Tomàs, en su declaración en la primera sesión del juicio en el que se la acusa de un presunto delito continuado de desobediencia por tramitar resoluciones e iniciativas parlamentarias por el 1-O, junto a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (JxSí), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya.
Ha sostenido que, al admitir a trámite las iniciativas parlamentarias, no estudiaban el contenido del texto, sino la forma y que fuera congruente con lo debatido en el pleno, ya ha añadido que sentía que su deber «era velar por la libertad de expresión» de los parlamentarios.
Al preguntársele si considera que sus actos se amparan en la inviolabilidad parlamentaria, ha contestado: «La inviolabilidad es para defender lo que representa la soberanía del Parlament. Desde mi punto de vista es para defender los derechos fundamentales de diputados y diputadas, para defender la separación de poderes y la autonomía parlamentaria».
Ha explicado que en 2011 la Mesa del Parlament –cuando ella aún no era miembro– admitió a trámite una ley sobre la independencia de Catalunya pero fue enmendada a la totalidad, ante lo que ha justificado que «cuando entra una ley a la Mesa del Parlament nadie puede presuponer cómo seguirá su tramitación ni cómo acabará», y sobre las advertencias del letrado mayor al tramitar iniciativas que contravenían la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), ha dicho que sus opiniones no son vinculantes para la Mesa.
LEY DE REFERÉNDUM
Sobre la votación de la Ley del referéndum, ha explicado que no fue la Mesa quien la puso en el orden del día del pleno, sino que se hizo con una modificación a petición de un grupo parlamentario, y que la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell no podía hacer nada más que tramitar la solicitud.
Ha relatado que el Reglamento del Parlament permite a los grupos «eximir determinados trámites», y en este caso se pidió la reducción de enmiendas parciales, que no se pudieran presentar enmiendas a la totalidad y omitir el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
«Esto se sometió a votación del pleno», ha dicho sobre la adopción de las medidas para evitar trámites, y ha asegurado que se admitieron enmiendas parciales que, a la práctica, eran como una enmienda a la totalidad.
