La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes, con una amplia mayoría, el proyecto de ley para evitar el colapso de la Justicia tras el parón provocado por el estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus y ante la avalancha de asuntos que se prevén con la reactivación de los juzgados y tribunales. El texto será remitido al Senado para que concluya su tramitación y sea aprobado definitivamente.
Se tratan de las medidas fijadas en el real decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que el Congreso convalidó el pasado 13 de mayo, pero acordando su tramitación por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley.
Así, tras estudiar las más de 100 enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado al texto aprobado por el Gobierno, la Comisión de Justicia ha dado el visto bueno al informe de este proyecto de ley, que incluye una decena de enmiendas transaccionales, con 28 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y PNV, cinco en contra de Vox y tres abstenciones de ERC, JxCat y EH-Bildu.
«VOLUNTAD DE ACUERDO Y DE DIÁLOGO»
Tras la votación, la presidenta de la Comisión, Isaura Leal, ha aplaudido la «voluntad de acuerdo y diálogo» de los representantes de los distintos grupos parlamentarios para sacar adelante «a la mayor brevedad posible» unas medidas de «carácter urgente para el sector de la Justicia, esperadas por todos los operadores jurídicos».
Leal ha añadido que espera que esta forma de trabajar «siga siendo un ejemplo de la voluntad de trabajo que siempre prevalece en esta comisión gracias a todos sus miembros».
Según han informado fuentes parlamentarias, entre las medidas que han acordado la mayoría de los partidos se incluye dejar sin efecto una de las que más críticas ha suscitado entre los operadores jurídicos, entre ellos abogados y procuradores, como es habilitar del 11 al 31 de agosto para todas las actuaciones judiciales, ya que se tratan de una competencia atribuida del Consejo General del Poder Judicial.
Además, las fuentes consultadas añaden que esta medida ha quedado «desactualizada», ya que no llegaría a aplicarse pues el fin de la tramitación del proyecto de ley y su entrada en vigor puede tener lugar pasadas las fechas señaladas.
Asimismo, el texto recoge enmiendas transaccionales que establece una nueva disposición adicional para que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia adopten las medidas organizativas, en el sentido de recursos materiales y humanos, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Indica que también deben consultar para ello al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado y a los colegios profesionales, así como a organizaciones sindicales cuando sea necesario.
Otras también están relacionadas con la organización del uso de medios telemáticos y con materia concursal, han señalado las fuentes parlamentarias consultadas.
Además, la Comisión de Justicia también ha dado su ‘ok’ a dos enmiendas que se han votado en solitario. Una de ellas es la de Ciudadanos, que señala que «todos los órganos colegiados de las corporaciones colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario».
La otra es del PSOE que propone ampliar hasta el 21 de junio de 2021 las «enseñanzas prácticas de los cursos de formación inicial del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia» para que puedan continuar desempeñando labores de sustitución y refuerzo «cuando así lo determine la Dirección del Centro».
Los socialistas también defienden la necesidad de que los plazos previstos para la celebración de juicios telemáticos, la limitación al acceso a las salas de vistas, la atención al público o la dispensa de uso de togas vaya más allá de lo establecido (tres meses después de la finalización del estado de alarma) y se prolongue al menos un año, según destacan en la exposición de motivos de la enmienda aprobada y otras presentadas.
INCLUIDAS «MÁS DE LA MITAD» DE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS
Precisamente, el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Paco Aranda, ha resaltado que «más de la mitad de las enmiendas» presentadas por los partidos «han sido acogidas» en el texto aprobado y que se remite ahora a la Cámara Alta, por lo que ha subrayado que «se ha demostrado un compromiso con la Justicia».
Así, el socialista ha querido aclarar que aquellas que se han quedado en el «tintero» no serán olvidadas, pues «llegarán a buen puerto en futuras leyes», como el anteproyecto de agilización que prepara el Gobierno con el que pretender reforzar la resolución extrajudicial de conflictos mediante la mediación, conciliación y arbitraje. «No es una norma más. Este edificio no está solo, se levanta junto a otros», ha dicho Aranda sobre el proyecto de ley aprobado.
Por su parte, el diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha subrayado que durante la tramitación del proyecto de ley se ha comprobado que su partido llevaba razón cuando decía que tenía que el real decreto-ley tenía que tramitarse como proyecto de ley porque no recogía todas las «sensibilidades» por la «falta de consenso y diálogo en el entorno jurídico, judicial y funcionarial», aunque así lo defendiese el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Así, el PP, que insiste en buscar un procedimiento «más ágil» en materia de familia e impulsar una reforma de la Ley del notariado que otorgue «un papel importante al notario en la resolución de conflictos entre las partes», se ha felicitado por conseguir que se incluyan enmiendas en materia concursal que «responden a lo que reclamaba el PP y encajan en lo que las asociaciones empresariales pedían».
