El PP intenta por segunda vez forzar un debate sobre el ‘Caso Dina’

El PP ha pedido, por segunda vez, que se reúna la Diputación Permanente del Congreso -el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones- para forzar un debate sobre el conocido como ‘caso Dina’, y decidir si citar o no en sede parlamentaria y de forma extraordinaria al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El pasado martes, los socios del Gobierno frenaron en la Mesa de la Cámara Baja, donde suman mayoría, las explicaciones de Iglesias por el caso del robo de la tarjeta telefónica de su ex asesona Dina Bousselham alegando que se trata de un asunto «privado» y, por tanto, que escapa del control parlamentario al que está sometido el Ejecutivo.

Una decisión que el primer partido de la oposición denunció tachando de «patético» el argumento esgrimido para vetar la comparecencia de Iglesias en sede parlamentaria y acusando al PSOE y a Unidas Podemos de «amordazar» al Congreso.

YA HA HABLADO EN MONCLOA DE ESTE ASUNTO

Así las cosas, el grupo que capitanea Cayetana Álvarez de Toledo ha decidido reformular la petición de comparecencia extraordinaria de Iglesias en la Comisión de Calidad Democrática para su debate en la Diputación Permanente del Congreso.

En su escrito, Álvarez de Toledo argumenta que Iglesias debe dar cuenta de las declaraciones públicas efectuadas «en ejercicio de sus funciones desde la sede de la Presidencia del Gobierno», el pasado 7 de julio, en relación con el ‘caso Dina’, lo cual sí afecta a su cargo en el Ejecutivo.

De entrada, la cita pieza separada del ‘caso Villarejo’ llegará este miércoles al Pleno del Congreso de la mano del PP y Vox, que tienen reservadas algunas preguntas de control sobre este asunto para el Gobierno.

Por la vía ordinaria, el PP también ha pedido que el vicepresidente segundo comparezca en la Comisión de Justicia para explicar «las actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo, en particular las encaminadas a la preservación de los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz, así como el respeto a la independencia judicial».