El diputado de Demòcrates en el Parlament, y de JxSí en la anterior legislatura, Antoni Castellà, ha declarado como testigo este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el juicio a la anterior Mesa, en el que ha aseverado: «Siempre he sido consciente de que límites no tengo ninguno desde el punto de vista de la inviolabilidad de mis opiniones y de mi voto».
Castellà ha testificado a petición de la defensa de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusada de presunta desobediencia junto a Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó (JxSí) y Anna Simó (ERC).
Ha defendido que la resolución de 2015 para iniciar la creación de un Estado independiente era para cumplir el programa electoral de JxSí, que «decía exactamente» lo mismo que la resolución.
También ha tachado de irrelevante la posición del TC en un proceso de independencia y ha asegurado que sus resoluciones no afectaron a su actuación, y ha criticado que el tribunal hiciera «resoluciones absolutamente políticas y no objetivas».
LLUÍS LLACH
El exdiputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach también ha acudido al juicio como testigo, y ha dicho sobre las votaciones de resoluciones independentistas: «Me sentía protegido por la inviolabilidad de mi voto y mi opinión».
«La doctrina era que el Estatut de Autonomía y todas las leyes que le envolvían formaban parte del pacto constitucional», ha valorado sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) hasta la tramitación de iniciativas parlamentarias por el proceso independentista, y en las que la Mesa supuestamente desoyó las advertencias del tribunal.
Ha comparecido a petición de la defensa de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, y ha asegurado que «nunca» recibió ninguna notificación del TC con advertencias de inconstitucionalidad tras firmar proposiciones de ley relacionadas con el proceso soberanista.
6 Y 7 DE SEPTIEMBRE
Sobre los plenos de los días 6 y 7 de septiembre, en los que el Parlament aprobó la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, ha considerado que no se vulneraron los derechos de los diputados de la oposición, y que estos aprovecharon «la delicadeza del momento» para criticarlos.
Llach también ha valorado que en esos plenos «el contenido de las normas pasó a segundo término y todo el rato fue provocar retrasos en el proceso», en referencia a la actitud de los diputados de la oposición que hicieron reconsideraciones en varias ocasiones.
Ha asegurado que tampoco recibió ninguna notificación cuando las dos leyes aprobadas en el Parlament se declararon inconstitucionales, ni tampoco advertencias respecto a la comisión de estudio del proceso constituyente, que presidió.
