La exdiputada de la CUP en el Parlament Gabriela Serra ha testificado este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que su formación y JxSí acordaron no acatar al Tribunal Constitucional (TC) «ni a otras instancias del Estado español».
«Dijera lo que dijera el TC teníamos la legitimidad y la obligación de tirar adelante» las leyes de desconexión, ha dicho al declarar como testigo a petición de la defensa de la exdiputada del CUP Mireia Boya, acusada por presunta desobediencia junto a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó (JxSí) y Anna Simó (ERC).
Considera que tenían «la obligación frente al electorado de defender estos principios», en referencia a la defensa del derecho de autodeterminación y a la independencia.
Sobre los plenos de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las leyes de desconexión, ha considerado que todos los diputados del Parlament «pudieron ejercer sus derechos tanto como quisieron», y ha valorado que algunos incluso abusaron del reglamento al oponerse a la votación de la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica.
El abogado de Boya, Carles López, también le ha preguntado si la Mesa del Parlament estudiaba el contenido de las iniciativas parlamentarias antes de admitirlas a trámite, a lo que ha contestado: «Nunca, la Mesa no tiene capacidad legislativa. Es en el Parlament de Cataluña donde reside la soberanía».
A preguntas del abogado de Anna Simó, Raimon Tomàs, ha explicado que «nunca» recibió ningún requerimiento del TC sobre la inconstitucionalidad de la comisión de estudio del proceso constituyente, a pesar de que ella fue vicepresidenta de la comisión.
