La Diputación de Alicante ha constituido este lunes la Comisión Provincial del Agua en la que se integran 46 representantes de distintas administraciones, entidades y sectores hídricos del territorio y que tiene como objetivo velar por los intereses en materia de agua.
Desde la institución, han lamentado que, por primera vez, las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura, así como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el Ministerio de Transición Ecológica, han rechazado participar. De hecho, en un comunicado, la Diputación ha expuesto que ni el ministerio ni la mancomunidad del Taibilla «ni siquiera han respondido a la invitación».
El presidente provincial y de la comisión, Carlos Mazón, ha manifestado que «esta mesa es un ente abierto al diálogo y al encuentro con mucho trabajo por delante para velar por los intereses hídricos de la provincia».
«Mantenemos la puerta abierta al diálogo y al encuentro para que los organismos ausentes reconsideren su postura y se sumen, porque el problema del agua es acuciante y queremos que todos tenga voz y espacio en este ente», ha aseverado.
La Comisión, cuya vicepresidencia recae en la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, estará integrada por once diputados en representación de todos los grupos políticos de la corporación -cuatro PSOE, cuatro PP, dos Cs y uno Compromís-, ocho vocales designados por el presidente, tres expertos «de reconocida cualificación», cinco representantes de las comunidades de regantes o juzgados privativos de agua, siete alcaldes y dos representantes de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
Además, estarán representadas con un vocal cada una la Cámara de Comercio de Alicante, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la UA, la UMH, la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA), La Unió de Llauradors i Ramaders, el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA) y Proaguas Costablanca. Mazón ha agradecido a quienes se han sumado a esta iniciativa.
No obstante, ha remarcado su «desazón» por la ausencia de algunos órganos representativos del Ministerio, «una muy mala noticia que supone un precedente», aunque ha reiterado el ofrecimiento institucional para que se sumen a posteriori: «No entenderíamos su negativa, por tanto, no vamos a cubrir sus sitios con nadie más que no sean ellos», ha apostillado en referencia a las dos Confederaciones Hidrográficas y a la Mancomunidad del Taibilla.
«No debe haber posturas únicas», ha recalcado y ha apostado por la «armonización» en los asuntos relativos al agua al exponer que, de las 580.000 hectáreas de la provincia, unas 216.000, son de cultivo. «La Mesa del Agua afecta también al turismo, a la industria y al abastecimiento humano. No es una problemática concreta del sector agrícola, sino que es sectorial y trasversal», ha concluido.
COMPOSICIÓN
Durante la sesión, Carlos Mazón ha dado también a conocer la composición de la Comisión Técnica, que estará integrada por Joaquín Melgarejo, Andrés Molina, Daniel Prats, Fernando Pérez Calvo, Miguel Fernández Mejuto, Juan Luis Martínez Muro, Ramón Espinosa, Javier Valdés, José Navarro Pedreño, Arturo Trapote, Joaquín Marco, Juan Luis Paredes y Francisco Santiago Andrés.
El orden del día de la sesión ha incluido también la presentación de un informe sobre la situación hídrica y administrativa de la provincia y del proyecto WAVE, programa europeo en el que participa la Diputación de Alicante y que persigue poner en valor y revitalizar el patrimonio cultural de la provincia vinculado al agua.
Por su parte, la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha comentado que esta Comisión Provincial del Agua arranca con la finalidad de dar respuestas a los retos en materia hídrica del territorio, máxime cuando «estamos ante una situación insólita en la que el Ministerio competente ha reducido un 30% las aportaciones mensuales del trasvase Tajo-Segura».
«No nos oponemos a la revisión de los parámetros, pero entendemos que ahora no es el momento, ya que estamos en pleno periodo de alegaciones de los Esquemas de Temas Importantes (ETI), un proceso que finalizará en octubre», ha concretado Serna, quien ha tildado esta decisión del Gobierno de «ataque frontal sin paliativos a los intereses hídricos de la provincia».
