La Junta de Castilla y León ha suscrito, junto con las nueve diputaciones provinciales, una inversión de 30 millones de euros –cofinanciados al 50%– para llevar Internet de banda ancha de alta velocidad, tanto fija como móvil, a aquellas áreas donde no llegan las operadoras.
El acuerdo se ha suscrito miércoles en Mansilla de las Mulas, a donde han acudido los nueve presidentes de las diputaciones, así como el presiente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha asegurado que la conexión de alta velocidad en todo el territorio «es básica para el desarrollo, la modernización y el impulso de la transformación digital».
En este sentido, ha señalado que este proyecto facilitará «el emprendimiento y abrirá nuevas posibilidad» con el fin de poder aumentar el teletrabajo y que haya más personas que puedan vivir en sus pueblos, fijando población en el área rural.
Además, ha señalado que supondrá «la eliminación de barreras y aumentará el desarrollo y progreso de la Comunidad» con una inversión que se sumará a la planteada por el Gobierno de España en colaboración con la Junta de 19,5 millones de euros.
Con este convenio, «se impulsa la rehabilitación de edificios de titularidad municipal en desuso en los cascos urbanos del medio rural, para incorporarlos al parque público de alquiler social y las diputaciones se adhieren al programa Rehabitare, que cuenta con un presupuesto de 4,26 millones de euros».
Asimismo, el presidente autonómico ha destacado «el carácter social» de este programa y ha avanzado que se prevé invertir «más de 10 millones de euros y rehabilitar más de 200 viviendas» con una inversión superior a los 14 millones de euros.
Cabe recordar que esta iniciativa nació en 2009 en Palencia y en la actualidad los convenios suscritos con ayuntamientos y obispados totalizan una inversión de la Junta en la pasada legislatura de más de 11 millones de euros y 246 viviendas recuperadas.
Asimismo, ha confirmado que la Junta de Castilla y León apuesta «por seguir trabajando para facilitar el acceso a la vivienda con el objetivo de llegar «a 3.000 alquileres sociales» con el incremento en la última legislatura del 85,54%.
