La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aporta nuevos datos al caso Erial: una presunta comisión de algo más de 150.000 euros que recibió Fernando Castelló, que fue conseller de Industria en el Gobierno de Eduardo Zaplana, a cambio de adjudicaciones; «enchufes» en la Administración valenciana y en consejos de administración de empresas privadas; y el papel que jugó en el entramado societario el peluquero del ‘expresident’, que está investigado en la causa.
Así se desprende de la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que obra en una de las piezas del caso Erial, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, y sobre la que recientemente se ha levantado el secreto de las actuaciones. En este procedimiento –centrado en presuntas irregularidades con las ITV y el Plan Eólico– está investigado, entre otros, el expresidente de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana.
Esta nueva pieza ha estado declarada secreta alrededor de un mes y se ha saldado con un detenido, un empresario, y nuevos investigados, entre ellos, el exconseller Castelló, su mujer y su hija; así como el peluquero de Zaplana.
Los nuevos informes de la UCO que se han incorporado a la causa tienen como base las comisiones que habrían recibido Zaplana y quien fuera director del gabinete de Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, a cambio de diferentes adjudicaciones públicas. El dinero se habría desviado a diferentes sociedades, algunas de ellas ubicadas en el extranjero.
Y aparece un nuevo nombre entre los papeles: Fernando Castelló, a quien la UCO considera que se le ingresó dinero –151.380 euros– desde una mercantil adjudicataria indirecta del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) –cinco de las 15 zonas–. «Existen indicios de su intermediación con alguna de las mercantiles adjudicatarias del plan y con el aparente objetivo de beneficiar los intereses personales o partidistas de Zaplana o García», apunta.
La UCO puntualiza, además, que la sociedad a la que se ingresó ese dinero, los 150.000 euros, presenta una discordancia entre su objeto social, su aparente capacidad de realizar trabajos y los ingresos declarados. Desde esa mercantil se abonaron los gastos de los estudios de la hija de Castelló, entre otros.
Por otro lado, dentro de esta operativa, los agentes también recogen en sus informes el funcionamiento de las sociedades, adjudicatarias y «colaboradoras» de la Administración. Se hace referencia a una gestión que tuvo que hacer García, a instancias de Zaplana, para que una mercantil solucionara un aspecto de índole económico, «con IVA, más de cincuenta millones», y al que se referían con el tema de las «encuestas».
Se trataría de una deuda contraída por los investigados con una empresa dedicada a hacer encuestas de opinión pública y estudios de mercado por una cantidad aproximada de 277.000 euros. De este importe se hizo cargo otra sociedad, Transvia, en el año 2002. A cambio, García pidió a Zaplana que se diera un «empujón» a Castelló para facilitarle adjudicaciones. «Después de como se están portando, se lo merecen», le indicó.
Se destaca en los papeles la existencia de «importantes» relaciones comerciales entre la mercantil de las encuestas y el PP «tanto a nivel central como por parte del grupo parlamentario de Les Corts de los que, al menos, Eduardo Zaplana formaba parte». Esta manera de actuar «evidenciaría una instrumentalización del concurso público con fines e intereses meramente personales o partidistas», asevera la UCO.
«¿Y DE LO MÍO, QUÉ?»
Otra nueva línea de investigación de la UCO se ha basado en los posibles «enchufes» de personas «amigas» a la Administración valenciana u otras mercantiles. Recoge un correo que envía García a Zaplana titulado «¿Y de lo mío, qué?».
«Perdona el tono simpático del título, pero tú me dijiste, y te lo agradecí sinceramente, que no podía seguir así y que ibas a buscar algún consejo o algo similar que me diera cobertura laboral, estatus social y remuneración económica», le indica en el correo al ‘expresident’.
Seguidamente, tras recordarle que se iban a producir cambios en Valencia con un nuevo gobierno, García le pide a Zaplana que retome el tema para introducirlo en un «consejo» de alguna sociedad. A raíz de ello, los agentes han comprobado que tiempo después de este documento, se publicó una noticia que hacía referencia a la incorporación de García al Consejo de Administración de una mercantil.
Hay otro correo de García, también solicitando a Zaplana intermediación, pero esta vez para su mujer, Maite. En el mismo le recuerda que está buscando un puesto de trabajo y que le iban a ayudar Esther Franco, en ese momento diputada de Les Corts, y Rafael Blasco, conseller de Bienestar Social. «En la medida que puedas, que la apoyes», le comenta.
Poco tiempo después de esta petición, la mujer fue nombrada personal eventual de la Conselleria de Agricultura por parte de Gema Amor. En relación con la posible vinculación de Zaplana en esta contratación, la UCO hace referencia a una reunión que figura en la agenda personal de Zaplana con la exconsellera.
«PELARME»
Otra línea de investigación de la UCO se ha centrado en quien fuera peluquero de Zaplana y con diferentes cargos en varias sociedades. Se le atribuyen supuestos delitos de blanqueo y de organización criminal.
Se considera que podría haber colaborado con los «propósitos delictivos» de Zaplana –según el fiscal– y que también participó en el entramado societario creado junto con Joaquín Barceló –exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo con Zaplana– y Francisco Grau –exsecretario del Consejo de Administración de la CAM–.
La UCO considera que podría haber titulado en nombre de una mercantil, relacionada con Zaplana, una serie de participaciones societarias de otras entidades que resultaron con adjudicaciones públicas valencianas. Y que el ‘expresident’ se habría valido de la empresa con la que estaba vinculado el peluquero con el objeto de posibilitar la disposición de fondos y bienes en su beneficio y como medio para ocultar la identidad del verdadero titular de los mismos.
Los indicios que expone la Guardia Civil se fundamentan tanto en las agendas personales de Zaplana, como en las medidas de intervención telefónica acordadas, y de forma intensa con diferente documentación.
Los agentes apuntan a una relación «personal» entre Zaplana y su peluquero, tal y como se desprende de sus agendas personales, en las que se observan «múltiples» anotaciones como «Pedro (peluquero)» o «Pelarme». Por lo que se le añade como investigado en este procedimiento.
