Comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, Madrid y Murcia han cuestionado este viernes que los 140.000 millones que va a recibir España del Fondo de Recuperación Europeo vayan a repartirse por proyectos y no siguiendo unos criterios objetivos porque temen que este método dé lugar a un reparto «discrecional» que prime a una comunidades y «discrimine» a otras.
Así lo han puesto de manifiesto los mandatarios de estas comunidades tras la Conferencia de Presidentes que ha tenido lugar en San Millán de la Cogolla (La Rioja).
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el andaluz, Juanma Moreno, también han reclamado que un 50% de esos fondos sean gestionados directamente por las autonomías, habida cuenta de que las competencias sanitarias y educativas están transferidas. «Salimos como entramos, sin información concreta de cómo, cuándo y dónde van a ir esos fondos», ha lamentado Moreno, incidiendo en que deben repartirse conforme a criterios de población, PIB y tasa de paro.
El murciano Fernando López Miras ha añadido al factor poblacional la compensación por las actividades que más se han visto perjudicadas por las medidas para frenar el coronavirus y también de la infrafinanciación que arrastran algunas comunidades.
Desde Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha demandado que para el reparto de fondos se tenga en cuenta la dispersión geográfica, la extensión territorial y el envejecimiento de la población y ha insistido en la necesidad de mejorar la Política Agraria Común (PAC).
COGESTIÓN DE LOS FONDOS
El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Fejióo, ha incidido por su parte en la necesidad de invertir correctamente el dinero de la Unión Europea «en base a proyectos que den rentabilidad económica a las comunidades y al país» y ha defendido un modelo de «cogestión», entre comunidades autónomas y Gobierno central.
También ha pedido coparticipación autonómica el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, avisando de que no debe ser todo «dirigido desde el Gobierno» y adelantando que habrá que esmerarse «en la colaboración público-privada».
Por contra, la presidenta riojana y anfitriona de la cita, Concha Andreu, una de las más entusiastas con el resultado de la reunión, ha puesto en valor que el reparto de los fondos europeos entre comunidades se haga por proyectos, y no por cuotas.
En la misma línea se han expresado sus colegas de Valencia, Ximo Puig, y de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ahora bien, el primero ha urgido a que el plan sirva para superar las desigualdades mediante un reparto equitativo de los fondos sin olvidar la situación de cada región, y el segundo ha pedido un acuerdo previo de reparto de cantidades por territorios antes de presentarlos a Europa.
Otras comunidades socialistas, como Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Asturias, han planteado la necesidad de sacar adelante sí o sí los Presupuestos Generales, si de verdad España quiere tener credibilidad en Europa.
Así lo verbalizado el presidente castellano-Manchego, Emiliano García Page, quien ha pedido a sus homólogos del PP propiciar un clima para que haya un apoyo transversal a las cuentas y no utilizar las ayudas procedentes de la UE «una paga extra, que según viene se va».
El asturiano Adrián Barbón ha pedido convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para poder trabajar ya en esos Presupuestos sabiendo cuál será el limite de endeudamiento, el techo de gasto y el déficit, mientras que la balear Francina Armengol ha llamado a acordar la flexibilización de las reglas de gasto y de los objetivos de déficit para el Presupuesto de las autonomías.
REFORMAS PARA PODER CONFINAR
Por otra parte, mandatarios ‘populares’ han coincidido también en que debe haber reforma legales para articular un sistema normativo que permita a las comunidades ordenar confinamientos cuando sea necesario sin tener que estar al albur del visto bueno de los tribunales. En esta línea se han pronunciado, por ejemplo, Madrid y Galicia, pero también la Comunidad Valencia ha pedido reforzar mecanismos jurídicos en esta materia.
Diversas comunidades han reclamado una mayor coordinación en el ámbito sanitario, incluidas las socialistas. Castilla La Mancha aboga por crear para tal fin un foro conjunto para discutir las decisiones frente al Covid y evitar actuaciones por cuenta propia, Extremadura propone vincular «alguna figura tributaria» con el gasto sanitario y, Asturias demanda una reforma legal del Consejo Interterritorial de Salud para que funcione como un órgano federal.
Desde Navarra, María Chivite ha garantizado a Sánchez que hará llegar pronto al Gobierno el contenido del Plan Reactivar Navarra que el Ejecutivo autonómico aprobará este sábado y que contempla las aportaciones muy alineadas con los principios que Europa marca para la recuperación, la digitalización y el pacto verde.
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha dicho haber visto a Sánchez «exultante» y «muy sobrado» tanto por los fondos de la UE conseguidos para España como por la evolución de la pandemia pese a los rebrotes, lo que le lleva a pensar que España «jamás» volverá a estar sujeto a las restricciones vividas durante el confinamiento. Además, le ha pedido orientación para los proyectos del plan de reformas que presentará su comunidad.
URKULLU SE DEFIENDE CON LA SINGULARIDAD
El acuerdo entre el Gobierno central y el vasco sobre el déficit y la deuda de Euskadi que ha propiciado que el lehendakari en funciones, Íñigo Urkullu, acudiera finalmente a San Millán de la Cogolla, ha despertado recelos en algunas comunidades como la madrileña y la andaluza.
Moreno, por ejemplo, ha llegado a exigir poder contar también con un déficit el 2,6%, mientras que Díaz Ayuso ha acusado a los «socios de Pedro Sánchez de haber tensionado la conferencia» al llegar a ella habiendo conseguido «prebendas». Pero también el socialista Javier Lambán, de Aragón, ha afeado a Urkullu que haya condicionado su asistencia a la conferencia a que «se le satisfaga una reivindicación exclusivamente suya», lo que ha calificado de «poco edificante».
Tras la reunión, el mandatario vasco ha negado haber tenido una «negociación a la carta» y ha enmarcado el acuerdo en la «singularidad» de su territorio, recalcando que País Vasco se «financia a sí mismo», no «vía Gobierno de España» y que, por tanto, no ha habido «ningún agravio».
CRÍTICAS AL FORMATO
En lo que sí han coincidido Madrid y Euskadi, junto con otras comunidades como Galicia, ha sido en criticar el formato de la conferencia. Así tanto Urkullu como Díaz Ayuso han reclamado que se llegue a estas citas con un orden del día y los acuerdos ya avanzandos con la previa participación de las comunidades. «Nos tienen que escuchar más», ha enfatizado la mandataria madrileña.
Por último, la cuestión migratoria la han sacado a colación tanto el mandatario andaluz como el murciano, quienes han exigido al Gobierno central que asuma sus competencias sobre los inmigrantes que llegan al país, varios de los cuales, han destacado, han dado positivo en Covid-19.
El único mandatario autonómico que no ha estado representado en la cita, el catalán Quim Torra, ha justificado su ausencia alegando que su deber no es «hacerse fotos» sino «defender los intereses de los catalanes». Después, la portavoz de su Ejecutivo, Meritxell Budó, ha pedido una reunión bilateral para hablar del reparto de los fondos europeos y su vicepresidente, Pere Aragonés, ha restado importancia a la Conferencia de Presidentes calificándola de «simbólica».
