La dificultad para asegurar una correcta protección del personal sanitario, socio sanitario y de residencias durante las fases más agudas de la epidemia de COVID-19 en España contribuyó a la tasa alta de contagios entre los profesionales sanitarios, según advierte un informe sobre protección al personal sanitario elaborado por Médicos Sin Fronteras (MSF).
El informe de MSF concluye que hubo varios factores que contribuyeron decisivamente a la alta tasa de contagios en el personal sanitario y sociosanitario: una indudable falta de Equipos de Protección Personal (EPI) y de supervisión y formación en medidas de prevención y control de la infección; la escasez de pruebas de diagnóstico y criterios claros para su uso para la COVID-19; y la escasez de personal, y por tanto de descansos, que propició un uso incorrecto de los equipos de protección».
En este sentido, MSF alerta de que los contagios entre sanitarios solo podrán limitarse si se proporcionan equipos de protección adecuados. «Todavía hoy continúan siendo insuficientes, especialmente en Atención Primaria y residencias», señalan en un comunicado.
La organización recuerda que el personal sanitario constituye el grupo de trabajadores de mayor exposición y riesgo frente al coronavirus. «La ausencia de protección fue el factor determinante para alcanzar unas cifras de impacto que, a 17 de julio y según el Ministerio de Sanidad, situaban en 52.746 los profesionales sanitarios contagiados. Una de cada cinco personas infectadas hasta ese periodo pertenecía a este colectivo, la tasa más alta de Europa», detallan.
El informe de MSF recoge testimonios de personal sanitario de hospitales, de residencias y de los propios equipos de MSF que participaron en la respuesta, que ponen de manifiesto que la falta de EPI y la falta de formación sobre su empleo «fueron una constante, especialmente durante el pico de la epidemia».
De hecho, una encuesta entre los profesionales de enfermería realizada por el Sindicato de Enfermería (Satse) reveló que los encuestados valoraron en 3,46 sobre 10 la cantidad y calidad de los EPI durante las peores semanas del brote; el 35 por ciento declaró no haber recibido ningún tipo de información al respecto; 7 de cada 10 profesionales tuvo que reutilizar la mascarilla FPP-2 o FPP-3; 6 de cada 10 reutilizó mascarillas quirúrgicas y más de la mitad batas impermeables.
Además de la desprotección física, MSF apunta que los profesionales sanitarios también se enfrentaron a las consecuencias psicológicas de trabajar en medio de lo que se ha denominado «medicina de catástrofe», basada en la obligación de hacer elecciones éticas «muy difíciles, haciendo triajes para priorizar y decidiendo a quién atender cuando los recursos disponibles apenas cubrían las enormes necesidades existentes».
Ante la posibilidad de una segunda ola, MSF plantea una serie de recomendaciones dirigidas a las Administraciones central y autonómicas y a otras instituciones con el objetivo de blindar la protección del personal sanitario, sociosanitario y de residencias.
Entre otras, MSF plantea la necesidad de realizar una evaluación del impacto de la COVID-19 en el personal sanitario, socio sanitario y de residencias para identificar los fallos y cuellos de botella, y de reforzar la Salud Pública dotándola de recursos humanos y económicos y desarrollando la Ley General de Salud Pública.
MSF también destaca la importancia de la mejora de los datos sobre contagios entre el personal para detectar dónde hay mayores riesgos y orientar la distribución de material de protección. Otras de las recomendaciones tienen que ver con asegurar la capacidad para producir EPI y contar con un ‘stock’ suficiente para futuros escenarios, especialmente en áreas desatendidas como la Atención Primaria de Salud y las residencias; reforzar los recursos humanos, adaptando el ratio de personal al número de pacientes y la complejidad de su manejo, especialmente en Cuidados Intensivos y servicios de urgencias; garantizar un paquete de medidas de apoyo psicosocial; efectuar una formación continuada del personal sanitario y de residencias sobre el uso de los EPI, formas de transmisión, y medidas de prevención y control de infecciones; asegurar el acceso a recursos diagnósticos para todo el personal sanitario, socio sanitario y de residencias.
