Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, ha recurrido la absolución del ex número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino en el caso conocido como pendrive ‘fantasma’, que contenía información de la familia Pujol, al considerar que ha quedado probada la comisión de un delito de revelación de secretos al entregar esta información a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a sabiendas de que su origen era ilícito.
Así lo expone la defensa de Pujol en el recurso de apelación, presentado contra la sentencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que acordó la absolución del que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía y del inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, que fueron juzgados el pasado mes de junio.
Los magistrados reprocharon el «oscurantismo» de la conducta de Pino, pero consideraron que no cometió ningún delito porque actuó amparado por el cumplimiento del deber de perseguir el delito, algo que la defensa del hijo del expresidente catalán no comparte.
Según explica en su recurso, que sólo impugna la absolución del ex DAO, los hechos probados de la sentencia, así como algunas de las afirmaciones contenidas en los fundamentos jurídicos demuestran que ha cometido un delito de revelación de secretos porque, aún teniendo conocimiento del «origen delictivo» de la memoria USB, decidió ceder la información a «un tercero», extendiendo, por tanto, la «lesión a intimidad» de Pujol Ferrusola que se había cometido previamente.
La sentencia de la Audiencia de Madrid señala que se desconoce quién accedió a la totalidad de la «vida informática» de Jordi Pujol Ferrusola y en qué fecha, cómo y a través de quién le llegó el pendrive a Pino.
No obstante afirma que quedó acreditado que en marzo de 2015 el comisario jubilado, «aún a sabiendas de que no provenía de una intervención con autorización judicial», decidió entregarlo al jefe de la UDEF, que actuaba como policía judicial en las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional para investigar el origen del patrimonio de la familia Pujol.
Por ello, el primogénito de Jordi Pujol y Marta Ferruola solicita que se dicte una nueva sentencia contra Pino y que se le condene a dos años y medio de prisión al entender que no existía un deber de perseguir el delito y de denuncia, tal y como justifica la sentencia la absolución.
Según dice la defensa, la entrega del pendrive «no obedecía a ninguna razón de urgencia ni necesidad» de poner en conocimiento a la policía judicial de esta nueva información porque el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ya «se encontraba desde hacía varios años investigando» a Pujol Ferrusola.
Asimismo, señala que la información del pendrive debió ser destruida, ya que cualquier «prueba ilícitamente obtenida es nula, inaprovechable» y «ni puede ni debe transmitirse, ni cederse a un tercero, sea intramuros o extramuros al cuerpo policial».
Por ello, pide que se modifique la sentencia porque, en su opinión, «habilita espacios de preocupante impunidad» para que los cuerpos policiales hagan uso de este tipo de pruebas ilícitas. «El Estado de Derecho solo investiga con la herramienta de la legalidad y no con objetos intoxicados por provenir de delito», destaca el recurso, al tiempo que subraya que la acción del policía no es «ilimitada».
«Ni jueces, ni fiscales, ni funcionarios de Policía están habilitados para incumplir la legalidad vigente con lesión de los derechos de los ciudadanos, aunque puedan adornar su conducta con la voluntad de promover el éxito de una investigación», concluye.
