Celaá y Ayuso siguen a por uvas con la vuelta al cole y los profesores se ponen en huelga

  • Varios sindicatos han convocado en septiembre una huelga del profesorado en la Comunidad de Madrid.
  • Celaá no ha coordinado una vuelta al colegio entre comunidades segura.
  • El curso empieza en dos semanas y la comunidad educativa no tiene claro cómo se hará.
  • Dejarlo todo para el último momento parece ser la norma que han asumido desde cualquier administración pública para afrontar los desafíos que propone el coronavirus. La ministra de Educación, Isabel Celaá, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no parecen haberle dedicado ni el tiempo ni los recursos necesarios a la vuelta al colegio. Los más jóvenes reanudarán sus clases en septiembre, en cuestión de dos semanas, y los profesores no tienen ninguna garantía ni ninguna información que les permita abordar este importante hecho con seguridad y con las normas de higiene necesarias para que la vuelta al cole no se convierta en una bomba biológica. Por eso, los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STEM han anunciado este miércoles una huelga del profesorado de Madrid.

    Los sindicatos han emitido un comunicado en el que explican que se sienten completamente vulnerables con la vuelta al colegio. En el texto detallan que «la inacción» del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Educación frente al inicio de curso es «total» y no se han previsto «ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos», por lo que «se pone en peligro» la salud de todos. A esto hay que añadirle que todas las comunidades autónomas han pedido al Gobierno central que coordine una vuelta al colegio segura pero Celaá parece estar aún a por uvas en un tema tan crucial como es la reactivación de los colegios, institutos y universidades.

    Desde el próximo 10 de septiembre, habrá una huelga que afectará a todos los sectores educativos y de enseñanza pública no universitaria. Son cuatro los sindicatos que se han lanzado a convocarla y, aunque no se ha presentado oficialmente, queda claro que esto interrumpirá la vuelta al cole y que los padres tendrán otro problema añadido al trabajo, el de no poder dejar a los hijos en su centro de enseñanza público.

    Al mismo tiempo, los sindicatos han aprovechado la coyuntura y la huelga para remarcar sus reivindicaciones clásicas, esta vez enfocadas para el PP de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Los sindicatos han subrayado la necesidad de revertir «las políticas privatizadoras en la educación madrileña» y acabar de una vez por todas con «el trasvase de dinero público a manos privadas».

    «Es inaceptable que se dediquen fondos al cheque bachillerato, debe retirarse y crear las plazas públicas necesarias. También hay que abordar temas de política educativa, diseño del currículum y las cuestiones de las segundas lenguas, la filosofía, la cultura clásica, la educación musical y artística y la educación científico-tecnológica, en definitiva el derecho del alumnado a una educación integral», aclaran los sindicatos en el comunicado.

    Por el momento, le Gobierno no ha coordinado una vuelta al cole entre las comunidades autónomas y el asunto no parece haberse tratado en líneas detalladas aún, a pocos días de que los centros educativos públicos y privados tengan que abrir sus puertas. No hay que olvidar que si no se coordina esto de forma segura, las consecuencias a nivel nacional en relación con el número de infectados pueden ser catastróficas en un contexto en el que ahora mismo hay más de 2.000 infectados por día que se sepa, según se ve en las cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Sanidad.

    Quizás por eso en el comunicado los que convocan la huelga se quejan de que «su objetivo de no aumentar recursos en los servicios públicos, incluso en detrimento de la seguridad y la salud».

    A esto hay que añadirle que CCOO ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia las instrucciones dictadas por la Comunidad de Madrid presidida por Ayuso para el inicio del curso escolar en plena pandemia porque las consideran «claramente ilegales» y aseguran que abandonan «a su suerte» a la comunidad educativa.