PP y Ciudadanos rechazan cerrar los prostíbulos en Castilla y León

Los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos han rechazado este miércoles una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista para instar a la Junta a que adopte las medidas para que se proceda al «inmediato» cese de la actividad en los clubes de alterne o prostíbulos por considerar que la iniciativa contiene un «error de fondo y forma» y han recordado que el Gobierno central formado por PSOE y Podemos tiene las competencias para legislar en esta materia como, en su opinión, podría haber hecho durante el mando único que se estableció con el estado de alarma.

«Excusas, excusas y más excusas», ha lamentado por su parte la procuradora proponente, Patricia Gómez, que, en aras al acuerdo, se había mostrado dispuesta a aceptar dos puntos de una enmienda del PP siempre que la votación fuese conjunta, si bien no ha sucedido.

La procuradora socialista ha recordado a PP y a Ciudadanos que durante el estado de alarma estaban cerrados todos los establecimientos para explicar que el problema se ha generado con la desescalada. «La Junta se niega a cerrar los prostíbulos, ustedes sabrán», ha zanjado la proponente que ha reclamado medidas para proteger a las mujeres y a los ciudadanos ante la dificultad de usar mascarillas, de cumplir las medidas de distancia social o de hacer rastreos en estos momentos de rebrote del coronavirus.

Gómez ha aclarado a la procuradora de Ciudadanos Blanca Delia Negrete que la prostitución no es un trabajo y se ha preguntado en tono irónico si, con esa consideración laboral, la parlamentaria del partido naranja tendría algún problema si su hija se dedica en un futuro a ejercer la prostitución.

Por su parte, Negrete ha criticado el mensaje «sectario, paternalista y con altas dosis de hipocresía cargada de feminismo» del Grupo Socialista al que ha acusado de «buscar la foto» y de tratar de imponer su ideario por la puerta de atrás con una PNL que niega la existencia de la prostitución masculina o que algunas mujeres quieren ejercer ante lo que ha afeado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no se haya querido reunir con las trabajadoras sexuales.

«Hay mujeres que no pensamos como ustedes, prohibirlo todo no es la solución. Ustedes no representan a todas las mujeres españolas, es más cada vez representan a menos», ha manifestado Negrete que ha aclarado que Ciudadanos está en contra del comercio sexual forzado para añadir que es un problema grave y de complicada solución.

Por su parte, Paloma Vallejo, que ha reconocido la «dantesca» situación que viven las mujeres víctimas de explotación sexual en lo que ha considerado un «fracaso como sociedad», ha acusado al Gobierno de la nación de trasladar ahora este problema a las comunidades «plenamente consciente de la dificultad» de cerrar unos establecimientos que legalmente tienen licencias lo que supondría saltarse el principio de presunción.

Para Vallejo este asunto es una muestra de los errores de la desescalada en la que puede hacer hasta 17 formas distintas de actuar. «¿Han conseguido que sea efectivo el cierre?», se ha preguntado la procuradora ‘popular’ respecto a las comunidades autónomas que sí han decretado el cierre de los prostíbulos.

Vallejo ha apostado por incrementar las inspecciones y los controles y por reforzar la protección y el acceso de estas mujeres a los recursos y a los servicios a través del Programa Atrapadas puesto en marcha por la Consejería de Familia.

Por su parte, la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, ha considerado «bochornosas» las declaraciones del vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, sobre que no se puede prohibir algo que no existe o que cerrar los prostíbulos lleva a estas mujeres a las calles y ha concluido: «Pregunte a las mujeres explotadas si no existe. Ustedes de feminismo van muy justitos».

Finalmente, el procurador de Vox, Jesús María García Conde del Castillo, se ha abstenido por considerar que la PNL del PSOE es «incorrecta» por representar «la máxima expresión de la hipocresía» ya que, según ha recordado, algunos de los implicados en el caso de los ERE de Andalucía se gastaron el dinero en prostíbulos.