La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha instado a las autoridades españolas a encontrar alternativas para acoger a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, que se encuentran alojados en la plaza de toros de Melilla, tras el cierre del centro de recepción de migrantes de Melilla por la pandemia del COVID-19.
En una carta dirigida a los ministros españoles de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, publicada este jueves 3 de septiembre, la comisaria plantea su preocupación por la situación de estos migrantes.
En concreto, le preocupan las «malas condiciones» en las que viven unas 500 personas en la plaza de toros, incluidas varias personas con posibles necesidades de protección internacional.
«El edificio no es adecuado para la recepción y estancia prolongada de migrantes y solicitantes de asilo. Algunos informes que me han llegado indican acceso limitado a duchas y baños, falta de higiene y un grave hacinamiento, que también dificulta el respeto de las medidas de distanciamiento social», explica la comisaria.
Además, añade que la situación de las personas puestas en cuarentena parece ser «aún más precaria», especialmente en lo que respecta al acceso a baños y duchas, luz natural y agua y alimentos suficientes, así como el acceso a los procedimientos de asilo.
En su carta, la comisaria insta a las autoridades españolas a encontrar alternativas para alojar a los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo.
Tras señalar dos decisiones del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2020 que confirman que las personas que solicitaron asilo en Ceuta o Melilla tienen derecho a la libertad de circulación en España, subraya que los traslados a la península, en particular de solicitantes de asilo y personas vulnerables, deben ampliarse para aliviar la presión sobre la limitada capacidad de recepción de Melilla.
También expresa su «consternación» por las personas que han muerto ahogadas mientras intentaban llegar a las costas españolas, especialmente a las Islas Canarias.
La comisaria aprecia la valiosa labor de los servicios de búsqueda y salvamento españoles, pero llama la atención de las autoridades sobre una recomendación que emitió en 2019, que proporciona orientación a las autoridades sobre cuestiones como garantizar una búsqueda y salvamento efectivos o prevenir las devoluciones y expulsiones colectivas.
80 SOLICITANTES DE PROTECCIÓN
Por su parte, Grande-Marlaska, en una carta remitida a la comisaria en respuesta a su recomendación, explica que las autoridades locales de Melilla decidieron, «ante las circunstancias complejas agravadas por la pandemia», trasladar a un número de personas a la plaza de toros, «de las cuales 80 tendrían consideración de solicitantes de protección«.
Actualmente, según precisa el ministro del Interior en la carta, «se está gestionando el traslado de estos solicitantes a la península una vez se realicen las pruebas PCR».
Marlaska justifica la adopción de estas «medidas extraordinarias» aludiendo al «actual contexto de crisis sanitaria» y a la «coyuntura de rápida evolución en todas sus expresiones y de extraordinaria gravedad» pero añade que su objetivo es «aunar el respeto a las obligaciones internacionales de España con la protección de la salud y la seguridad de las personas».
Según precisa el ministro, España «es país de primera línea que recibe una constante presión migratoria de flujos mixtos» y «busca garantizar la máxima calidad en las condiciones de los inmigrantes que llegan».
En el caso de Melilla, indica que el CETI cuenta hasta el momento con 1.354 personas viviendo en el centro, de las cuales 1.019 eran solicitantes de protección internacional. En comparación con el año 2019, cuando se registraron 4.267 solicitudes anuales, el ministro señala que las solicitudes son «significativamente numerosas, y que por tanto, el acceso al procedimiento de protección internacional no se ha visto mermado, pese al cierre de fronteras decretado a raíz de la crisis de la COVID-19.
No obstante, puntualiza que se registra «un elevado número» de solicitudes con perfiles no acreedores de protección internacional, tal y como pone de manifiesto la «baja tasa de reconocimiento (del 6,96% en el primer semestre 2020» (datos provisionales).
Esto, según precisa, «lamentablemente dificulta que el sistema permita responder ágilmente y concentre sus recursos en aquellos solicitantes que sí están verdaderamente en necesidad deprotección internacional».
