La defensa del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados ha denunciado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a las dos fiscales anticorrupción que instruyen la macro causa ‘Púnica’, a las que acusa de cohecho pasivo, omisión del deber de perseguir delitos y prevaricación.
En el escrito de denuncia, la defensa de Granados y del exagente de la Guardia Civil José Luis Caro Vinagre –condenado por el caso del chivatazo en la trama ‘Púnica’– sostiene que las fiscales dejaron de lado la acusación contra el empresario David Marjaliza, la secretaria Ana María Ramírez y el socio de éste Eduardo de la Peña, porque llegaron a un pacto con ellos por medio del cual declararían en el juicio oral de la primera pieza de ‘Púnica’ contra Granados a cambio de no ser acusados.
«Los miembros de Fiscalía Anticorrupción ahora denunciados, les libraron del mismo como consecuencia del no ejercicio de acusación contra ellos, todo a cambio de su compromiso de declarar en perjuicio de mi representado a fin de obtener una sentencia condenatoria del mismo», indica en el escrito.
E insiste en que el Ministerio Fiscal garantizó la declaración de estos tres contra Granados decidiendo que lo hicieran en calidad de testigos, lo que les dio «la plena indemnidad que no tendrían frente a un posible pronunciamiento condenatorio de haber declarado como acusados en el acto».
«INCRIMINAR A TODA COSTA»
Al hilo, recuerda que los tres testigos reconocieron la comisión de delitos que eran objeto de enjuiciamiento. Así, la defensa destaca en la denuncia que las fiscales «perdonaron» a los testigos «no haciendo uso de la acusación que deberían haber hecho, sin perjuicio de que luego declarasen en el acto de plenario y ello significase una atenuante o acuerdo de colaboración». Y añade que «ese sería el modo normal de proceder conforme al principio de legalidad al que se debe el Ministerio Fiscal».
Para el abogado del que fuera mano derecha de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, es obvio que los tres testigos gozaron de «privilegios y beneficios no amparados en norma penal o procesal» y que las fiscales del caso se los otorgaron «con la finalidad de incriminar a toda costa» a sus patrocinados.
En este sentido, denuncian que los tres testigos realizaron durante el juicio, y Marjaliza también en instrucción, amplias declaraciones encaminadas todas ellas a obtener condena «contra su primer enemigo», Granados, » con la garantía y el beneplácito de pensar que ya estaban libres de cualquier posible pronunciamiento condenatorio contra ellos».
La Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel al exconsejero madrileño y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, y a un año y 6 meses al agente en excedencia José Luis Caro Vinagre por el ‘chivatazo’ que el primero dio al político de que se le estaba investigando al entender que esta revelación produjo «un intenso» daño a la investigación vigente en el marco de la trama Púnica.
