El Pleno del Congreso votará el próximo jueves, 10 de septiembre, el decreto ley que incluye el acuerdo de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los remanentes municipales, una norma para la que el Gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante ante el rechazo unánime de la oposición.
Ese acuerdo para permitir que los ayuntamientos usen su superávit para afrontar los gastos del coronavirus salió adelante por la mínima en la FEMP y, tras su transformación en decreto ley, debe ser sometido a votación en el Congreso para decidir su convalidación o su derogación.
En su comparecencia de hace una semana ante el Congreso, la ministra María Jesús Montero señaló que el Gobierno no tiene ninguna otra fórmula alternativa para el uso de los remanentes y lo único que ofreció es congelar el mecanismo de la cesión de los mismo al Estado y, si la oposición acepta, tramitar el decreto como proyecto de ley para que que el Congreso haga los cambios que estime oportunos en ese punto.
Pero la oposición ya no se conforma con eso, sino que reclama la retirada del decreto para empezar una nueva negociación. Más de treinta alcaldes de buena parte de las grandes ciudades del país y de una decena de partidos políticos se han unido para reclamar como alternativa un fondo de 5.000 millones para repartir entre los municipios según su población, tengan o no remanentes.
Estos alcaldes críticos con el acuerdo, capitaneados por el zaragozano Jorge Azcón, se plantean llevar su ‘rebelión’ al Congreso aprovechando el día del debate y votación del decreto ley, que corre serios riesgos de ser derogado.
Desde la izquierda, partidos como Unidas Podemos, Esquerra o el BNG proponen como alternativa una derogación de la Ley de estabilidad Presupuestaria del Gobierno Rajoy por ser la norma que impide el uso del superavit, pero su reforma llevaría más tiempo y, además, al tratarse de una norma de rango orgánico, exige reunir al menos mayoría absoluta en el Congreso (176 diputados).
