Los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos en el Congreso de los Diputados han rechazado la propuesta de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) presentada con el PP para cambiar los artículos de la norma referidos al nombramiento y régimen de incompatibilidades del fiscal general, de modo que no pueda ser designado hasta cuatro años después de haber ostentado un cargo público.
Ambas formaciones consideran que la medida choca con la relación histórica del PP con los fiscales generales y es una mera respuesta al nombramiento de Dolores Delgado, a la que pretenden destituir.
La propuesta, para su toma en consideración, ha sido presentada por el diputado Luis Santamaría este martes en el Pleno de la Cámara, y señala concretamente que no puedan desempeñar la labor de fiscal general las personas que durante los últimos cuatro años anteriores a su propuesta de designación hayan desempeñado «cargo político o de confianza en virtud de Real Decreto, Decreto autonómico o acuerdo de Pleno de Entidad Local, o elegidos para cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, Juntas Generales de los Territorios Históricos o Corporaciones locales, así como quienes hayan ocupado algún cargo orgánico en un partido político en el mismo plazo».
Proponen también que el informe de idoneidad que actualmente presta el Congreso al fiscal general propuesto por el Gobierno, y que no es vinculante, tenga que ser consensuado por dos tercios de la Cámara. Para ERC, Bildu y PNV, cuyos portavoces han rechazado la medida, esto no supone más que un instrumento para bloquear la designación del fiscal general del mismo modo que ahora está bloqueada la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante la presentación de su propuesta, Santamaría ha criticado duramente la gestión de Delgado al frente del Ministerio Público, entre otras medidas su decisión de dejar sin efecto un decreto de su antecesora en el cargo, Consuelo Madrigal, respecto a la cooperación internacional necesaria para impulsar asuntos como el de los crímenes franquistas en Argentina que ha propiciado la declaración la semana pasada del exministro Rodolfo Martín Villa.
A juicio del diputado popular, la gestión de Delgado es una gestión opaca derivada de sus vínculos con el PSOE, y por ello estarán muy vigilantes ante su actuación en temas como el del informe de Fiscalía que se espera respecto a las querellas presentadas por el Gobierno por su gestión de la pandemia.
Para el diputado del PSOE, Francisco Aranda Vargas llama la atención que la propuesta del PP sólo vaya dirigida a modificar el régimen de nombramiento e incompatibilidades del fiscal general, lo que supone además saltarse el precepto constitucional que regula a esta figura en la Carta Magna, punto en el que coincide con lo señalado durante el debate por Martina Velarde.
EL PP Y LA FISCALÍA
Esta diputada, ha insistido por su parte en que esta propuesta, presentada por cualquier otro partido, hubiera sido tildada por los populares como un intento de control del sistema judicial y del reparto de poderes, «pero lo venden como si intentaran defender la independencia», ha añadido. Tras recordar las relaciones del PP con dos de los fiscales generales que designó y después sustituyó durante el Gobierno de Mariano Rajoy -Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal–, Velarde ha afirmado que el PP tiene «la mochila grande y la memoria muy corta».
Los que sí respaldaron la propuesta del PP fueron los diputados del Grupo Mixto Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) y Carlos García Adanero, que reprocharon al PSOE que con el nombramietno de Delgado se acabó con cualquier imagen de independencia del Ministerio Público; al igual que Macarena Olona de Vox, que ha ido más allá incluyendo la designación de la exministra de Justicia entre los planes del Gobierno «socialcomunista» para convertir a España en un régimen similar al de Maduro en Venezuela.
La diputada de la CUP Mireia Vehí compartió las críticas contra Delgado pero por favorecer a los poderes económicos con su anuncio de una instrucción sobre los desahucios, mientras que Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha criticado que la medida del PP se quede corta frente a las propuestas de su partido para reformar el Estatuto Orgánico de la Fiscalía en profundidad, superando la utilización de esta institución tanto por el PP como por el PSOE. Por su parte, Alonso Cuevillas de JxCAt apoya la propuesta del PP.
