El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha remitido una segunda carta tras la enviada el pasado 13 de abril a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la propuesta del Gobierno andaluz para impulsar la inversión mediante la figura de la colaboración público-privada mediante una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.
Esta nueva misiva, según ha indicado la Junta en una nota, se envía tras la Conferencia de Presidentes del pasado día 4 «en la que el presidente de la Junta propuso al presidente del Gobierno la necesidad de contribuir al fomento de la colaboración público-privada y el presidente del Gobierno solicitó la propuesta para analizarla y empezar a trabajar de forma conjunta entre ambas administraciones».
Bravo ha subrayado la importancia de esta fórmula «como motor de recuperación y generación de empleo y riqueza», cuyo impulso «venimos solicitando desde el mes de mayo» al Gobierno central. «Los efectos socioeconómicos de la pandemia del covid-19 exigen actuaciones contundentes en política económica y la inversión en infraestructuras públicas se revela como uno de los elementos esenciales de recuperación sin presionar las capacidades presupuestarias», ha incidido el consejero.
Según Bravo, en el contexto actual la colaboración público-privada se configura como «una herramienta clave para el impulso y desarrollo de infraestructuras estratégicas, pero para su empuje y promoción es vital resolver determinadas deficiencias identificadas que tiene el sistema de colaboración público-privada en España, y que afectan a todas las fases del ciclo de su preparación, contratación, ejecución y finalización de contratos».
Así, desde la Junta de Andalucía se ha solicitado al Gobierno de España, a través de esta misiva, la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, y que «actualmente constituye en la práctica un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante», según ha evaluado.
En el documento se explica que la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público regula la duración de los contratos, que se calcula en función de las obras y servicios que constituyan su objeto. Según su planteamiento, si el contrato sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales, sin que el contrato de concesión de obras pueda exceder el plazo de 40 años, o 25 años el de servicios.
La carta refleja que el RD 55/2017 de 3 de febrero, que desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española en su artículo 10 determina el periodo de recuperación de la inversión, estableciendo el parámetro de «rentabilidad razonable del proyecto», en el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos -aproximadamente <2,5 por ciento a día de hoy-.
Según Bravo, «esta tasa no es representativa de las rentabilidades reales que actualmente se dan en el mercado, cuyas condiciones son variables a lo largo del tiempo y sus niveles de rentabilidad están estrechamente relacionados con el riesgo de cada proyecto, por lo que resulta irreal pretender financiar a este tipo esta clase de inversiones en infraestructuras».
El consejero ha subrayado que «es fundamental volver a situar a Andalucía como un lugar atractivo para invertir y así afrontar la recuperación económica». «Tenemos que seguir simplificando trámites», ha apuntado Bravo, quien para ello ve preciso eliminar «trabas burocráticas» y agilizar procedimientos.
Para el titular andaluz de Hacienda, iniciativas como la colaboración público-privada o el Decreto ley de mejora y simplificación normativa «son ahora más necesarias que nunca» para captar inversiones y hacer viables proyectos que reactiven la economía, que impulsen el crecimiento económico y el empleo.
«La estabilidad económica y administrativa, así como también política y presupuestaria, evidenciada esta en el cumplimiento de las reglas fiscales, fueron claves para generar confianza en Andalucía por parte de inversores nacionales y extranjeros. Ahora debemos seguir apostando por mantener e incrementar esta confianza», ha sentenciado.
FONDOS EUROPEOS
Tras haber visitado la Diputación de Almería, Bravo ha destacado la importancia de los fondos europeos como otra vía de reactivación, indicando que Europa «ha puesto encima de la mesa a los españoles más de 140.000 millones de euros para hacer proyectos y ser capaces de hacer una transformación».
Por ello, desde la Junta van a empezar «a trabajar ya con la Dirección de Fondos Europeos» para plasmar ese dinero «en proyectos reales para defender en Europa y que sean una realidad».
En este sentido, ha apuntado a retos como «la transformación digital y la apuesta por las energías renovables» en los que «Almería tiene mucho que aportar porque tiene mucha capacidad de crecimiento», añadiendo que la provincia «puede ser una de las más beneficiadas si se hace justicia en el reparto de los fondos de recuperación económica».
