Ciudadanos ha criticado la «soberbia» del Gobierno y, en concreto, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber consensuado con la oposición el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos al Estado a cambio de poder usarlos, que ha quedado derogado.
El texto ha sido tumbado este jueves por el Congreso de los Diputados por 193 votos en contra, frente a 156 síes, siendo ésta la primera vez que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos pierde una votación sobre la convalidación de un decreto ley. Aunque Hacienda alcanzó a última hora un acuerdo con el partido morado –que, junto a sus confluencias, ha votado a favor–, no ha logrado sumar a ningún otro grupo parlamentario.
El portavoz adjunto de Cs en la Cámara Baja, Edmundo Bal, ha señalado que el Gobierno ha sido «incapaz de sumar apoyos para su decreto unilateral» y que eso es lo que ocurre «cuando no se busca el acuerdo con quienes piensan distinto».
«Deben rectificar y presentar un nuevo decreto que garantice a los municipios recursos para abordar esta crisis» del coronavirus, ha afirmado en un mensaje en Twitter.
Otro diputado de la formación naranja, Miguel Gutiérrez, ha indicado que la derogación del decreto ley es un «palo» para la ministra de Hacienda y para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha añadido: «Cuando nadie te apoya, es que algo estás haciendo mal, pero Montero, soberbia, insiste en que la que va en la buena dirección es solo ella».
El acuerdo con la FEMP, que se aprobó por la mínima en esta institución, estaba destinado a permitir que los ayuntamientos sorteen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y puedan usar sus remanentes de tesorería para combatir los efectos de la pandemia del coronavirus.
Para intentar conseguir el apoyo de la oposición, Hacienda ofreció el miércoles por la noche liberar una parte del fondo prometido, entre un 40% y un 60%, para distribuir ese dinero entre los municipios sin condiciones, tengan o no superávit, y evitando la controvertida cesión de sus ahorros al Estado. Sin embargo, esta propuesta no ha servido para convencer a los grupos parlamentarios.
