Cada vez es más frecuente que veamos noticias en los medios de comunicación sobre la dificultad de los propietarios de una vivienda para echar a las personas que la han ocupado. Lo cierto es que aunque la legislación española es muy clara respecto a la propiedad privada y la ocupación ilegal la justicia y la ley son lentas y eso hace que el proceso de judicial para expulsar a un okupa se prolongue demasiado, dejando al propietario en una posición de indefensión y debilidad frente a los usurpadores.
El derecho a la propiedad privada
En España existe el derecho a la propiedad privada, y de hecho está recogido en el artículo 33. Sin embargo, y probablemente el mayor de los problemas relativos a la ocupación, pasa porque la inviolabilidad de domicilio (artículo 18), que también está en la Carta Magna, es un derecho fundamental y por lo tanto, prevalece sobre la propiedad privada. Si pasan 48 horas desde que el okupa usurpa tu casa y además ha cambiado la cerradura, con lo que la policía no puede entrar en el domicilio sin realizar un allanamiento de morada, no hay nada que hacer. A partir de ese momento, será necesaria una orden judicial de desalojo, y esto ralentiza y encarece mucho todo el proceso. Por eso dicen que en estos casos hay que actuar rápido.
