El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga en la pieza 5 de la macrocausa ‘Tándem’ posibles encargos de la examiga del rey emérito Corinna Larsen al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo, ha afeado a la Fiscalía Anticorrupción que criticara su auto de repaertura de la pieza aduciendo que los hechos por los que reabría eran ya conocidos en febrero de 2019 y les recuerda la sobrecarga de trabajo que soporta en su juzgado.
En un auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, y con el que desestima el recurso de la defensa de Larsen –al que se adhirió la defensa del comisario Villarejo– que pretendía la nulidad de la reapertura, el magistrado aprovecha para responder así a los fiscales del caso, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.
«En este último escrito se afirma, en relación a estos hechos nuevos, que ya eran conocidos por el Instructor desde el 1 de febrero de 2019. No le falta razón al Fiscal. Sobre esta cuestión este magistrado considera necesario realizar las siguientes consideraciones: La sobrecarga de trabajo de este Juzgado Central de Instrucción es notoriamente conocida, hasta el punto de contar con dos medidas de refuerzo», indica el juez.
Y prosigue señalando que esas medidas de apoyo directo –lleva otras macrocausas como ‘Púnica’ además de ‘Tándem’– se activaron en 2020, justo antes de que a consecuencia del Estado de Alarma el juzgado haya funcionado «bajo mínimos durante casi cuatro meses».
LA ACTUACIÓN PREPROCESAL DE LA FISCALÍA
Además, le responde a los fiscales que no especifican si los audios que aparecen unidos al oficio de 31 de enero de 2019 (‘Corin 16.10.7’ y ‘16.10.7-a’) y que han supuesto la reapertura de la pieza conocida como ‘Carol’ dieron lugar «a algún tipo de actuación preprocesal en la Fiscalía».
«Es importante resaltar este extremo, toda vez que fueron los Fiscales quienes reclamaron en su escrito de 7 de septiembre de 2018 la deducción de testimonio de actuaciones para la investigación de un posible delito de cohecho fuera del procedimiento, y así lo acordó el instructor», apunta.
Por otro lado, recuerda que en el escrito de Fiscalía en el que se rechazaba el recurso de Larsen, si coincidían con la examiga de Juan Carlos I en resaltar que había una falta de conexidad entre los hechos que dieron lugar a la pieza y los que motivaron su reapertura, que el comisario ya estaba jubilado cuando ser registraron las conversaciones con Larsen y que se daba una falta de requisitos para perseguir tanto el delito de cohecho como el delito de descubrimiento o revelación de secretos.
En el auto de reapertura de 27 de julio de 2020, García-Castellón argumentaba que el objetivo era esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de Corinna Larsen a Villarejo que buscaría la obtención de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho. En esas grabaciones Larsen exponía sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.
EL ENCARGO GOLDSMITH
Ahora, el juez indica que si no ha reabierto antes es por la referida sobrecarga de trabajo y porque tenía que «atender prioritariamente a otras piezas», y recuerda que hay por tanto hechos nuevos que justifican la reapertura.
Asimismo, descarta abrir pieza aparte para investigar ese posible encargo y opta por mantener en esa pieza ‘Carol’ todos los posibles trabajos que pudieran haberse dado entre la empresaria y el comisario. «El Ministerio Fiscal, como se ha señalado, entiende que existe ‘conexidad fáctica’ entre el supuesto encargo efectuado parainvestigar a Noelia Muñoz –la asistente– y el encargo efectuado para ayudar a Ben Goldsmith», recuerda el magistrado aludiendo a dos posibles trabajos.
Al hilo, añade García-Castellón que en el trabajo relacionado con Ben Goldsmith «podía desprenderse la existencia de un presuntoencargo» de Corinna Larsen a Villarejo para «investigar los problemas con la Hacienda Pública derivados de un terreno en la localidad de Ronda», y citando a la Fiscalía indica que «estos hechos pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho de los artículos 419 y 424, respectivamente cohecho pasivo y cohecho activo del Código Penal».
El juez remarca que pese a esas inferencias y aun a pesar de tener un procedimiento penal abierto en el que se podría haber investigado este mismo hecho, el Ministerio Fiscal «solicitó el sobreseimiento». E indica que «desconoce los motivos por los que pese a los indicios de delito referidos, acordó el archivo de las diligencias de investigación pues esta circunstancia nunca se comunicó al Juzgado».
Por otro lado, el juez apunta que aun cuando el encargo de Larsen de octubre de 2016 se diera estando ya el comisario jubilado –lo hizo en mayo de ese año–, «no podría descartarse en absoluto» la existencia de hechos delictivos típicos porque podría haberse prevalido de su condición de exfuncionario «para el cumplimiento del encargo recibido».
