El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado que «nunca se ha puesto en peligro la salud de los madrileños» en ninguna de las manifestaciones que se han celebrado en estos meses de pandemia en la región, que vigilan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en coordinación con la Delegación del Gobierno.
Así ha respondido en una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien durante el reciente Debate del Estado de la Región afeó a Franco que bajo su mandato se hayan producido «tres manifestaciones en cinco meses que han puesto en peligro la salud pública».
También criticó que la oposición le hable de «frentismo» cuando, a su juicio, está «incumpliendo el mandato constitucional» porque «lejos de ser un delegado del Estado que trabaje en coordinación con el Gobierno regional arremete de manera arribista» contra ellos.
El representante del Gobierno central en España ha respondido que no sabe si Ayuso con esas palabras en el Debate «tiene algún problema con los derechos fundamentales y su ejercicio» porque el derecho a la manifestación es uno de los derechos más fundamentales contemplados en la Constitución Española.
«Aquí no se ha puesto nunca en peligro la salud de los madrileños. En la última manifestación el fin de semana pasado hemos sido muy rigurosos, muy estrictos, hemos limitado en la medida de lo que permite la ley este derecho para que los manifestantes mantuviesen la distancia de seguridad y fuesen todos con mascarillas. En general, los manifestantes han cumplido al pie de la letra lo que se les exigía», ha expuesto.
En ese punto, el delegado ha recordado la criticada manifestación de los negacionistas de agosto en la Plaza de Colón. Según ha explicado, en principio no se trataba de una manifestación contra el uso de las mascarillas. «Es curioso que en el comunicado que nos mandaron los promotores no mencionaran la palabra mascarilla, muy curioso. Protestaban contra muchísimas cosas: la manipulación de la prensa, la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el ejercicio de derechos fundamentales», apunta.
También señalaban que se encargarían de respetar la distancia de seguridad, «ya que la responsabilidad de lo que pase es de los organizadores», ha recordado José Manuel Franco.
«En las redes, unos decían que no había que llevar mascarillas y otros que no. Elementos objetivos no había y aún así desde Delegación se les requirió para que guardasen un mínimo de 1,5 metros de separación entre ellos y que todos llevasen mascarillas. Hubo algunos, desgraciadamente más de la cuenta, que no la llevaron y se procedió a sancionar a las personas que se pudo identificar», ha relatado.
El delegado del Gobierno ha concluido así que «nadie ha puesto en peligro la salud de los madrileños» y que se ha garantizado el ejercicio de los derechos fundamentales. «Hay manifestaciones que nos pueden gustar más que otras pero, es un derecho de los españoles, se tiene que garantizar el ejercicio de ese derecho sin ponerles en peligro. Nosotros solemos pedir un informe sobre los peligros que eventualmente puede provocar la realización de las manifestaciones», ha finalizado.
LAS MANIFESTACIONES, A LA BAJA POR LA PANDEMIA
Entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de 2020, en la región madrileña se celebraron un total de 1.070 manifestaciones y concentraciones. Un total de 92 fueron prohibidas, de las cuales 72 fueron por haberse comunicado fuera de plazo y 20 por otros motivos, entre ellos por razones sanitarias, según datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno.
En todo 2019 se registraron 2.946 manifestaciones y concentraciones, por lo que la caída ha sido muy significativa, debido al estado de alarma y la pandemia.
Para celebrar una manifestación legalmente se requiere comunicar –no pedir autorización, como se piensa habitualmente– a la Delegación del Gobierno con un mínimo de 10 días de antelación por quién la organiza, con horario, recorrido, objetivo, número aproximado de participantes y el dispositivo de seguridad. En caso de urgencia, este plazo puede acortarse a 24 horas. Ese conocimiento previo permite que se garantice el derecho a manifestarse de manera segura a través de la presencia policial.
