Advertencias verbales. En eso se ha quedado la campaña republicana de Unidas Podemos. Y es que Pablo Iglesias ha decidido anteponer la negociación de los presupuestos, clave para el resto de la legislatura y para el inmediato futuro del vicepresidente segundo del Gobierno central.
Los morados apuestan por pragmatismo a pesar de que el mes pasado firmaban una nota con sus socios de coalición en la que aseguraban que «no existe motivo alguno para continuar cargando con una monarquía carente de los mínimos valores éticos en un país que lleva soportando sucesivas crisis económicas y sociales que han repercutido muy negativamente en las condiciones de vida la mayoría social».
«Creemos que no se puede seguir impidiendo el debate social sobre el modelo de Estado en España, pensamos que se abre paso la idea de una república solidaria y plurinacional donde se garanticen todos los derechos sociales, civiles y políticos para todas las personas y donde, de verdad, la justicia sea igual para todos, y es nuestra convicción democrática que debe ser el pueblo quien decida», añadían.
EL PCE, MÁS DURO EN LA RETÓRICA
No está la situación sanitaria para animar a llenar las calles y no está la situación de la izquierda española. Y es que el poder rebaja los ánimos contestatarios clásicos del ‘neocomunismo’ y sus satélites.
El PCE aun así ha apostado por endurecer la retórica al asegurar que «la huida de España de Juan Carlos de Borbón es el último episodio de una sucesión de actos execrables perpetrados por miembros de la Casa Real en los últimos años, actos faltos de la mas mínima ética, impropios de personas que ostentan responsabilidades o representación pública y en muchos casos, además, actos claramente delictivos que la justicia siempre se ha negado a investigar».
Los comunistas explican que «la Jefatura del Estado ha vuelto a demostrar que no está a la altura. En vez de dar una lección de transparencia y ejemplaridad poniéndose a disposición de la Justicia para aclarar las gravísimas acusaciones que pesan sobre el rey emérito, se despacha con una nota, sin dar más explicaciones a una ciudadanía cada día más perpleja y asqueada mientras que las fuerzas políticas, económicas y mediáticas del régimen intentan construir un ‘cordón sanitario’ para blindar a la monarquía y justificar lo injustificable, más si cabe cuando se produce en el contexto de la gravísima crisis sanitaria y económica que estamos viviendo».
El PCE afirma que su opción republicana «es una cuestión de profundas creencias democráticas y no descansa en una animadversión a una familia o una persona que ostente la jefatura del Estado. Hemos denunciado políticamente y ante los tribunales lo que han sido claras actividades delictivas del ex jefe de Estado, permitidas y facilitadas por un marco constitucional que confundía la inviolabilidad por actos de Estado propios de las funciones constitucionales, con la impunidad más absoluta para la realización de cualquier latrocinio.
SIN CAMPAÑA REPUBLICANA
«La democracia española no será completa hasta que nuestro pueblo no pueda elegir la totalidad de las instituciones representativas, incluida la jefatura del Estado, como hacen la inmensa mayoría de las democracias contemporáneas más avanzadas. Además, en nuestro caso, la jefatura del Estado no elegida y hereditaria lleva aparejada la jefatura de las Fuerzas Armadas de forma irremovible y sin que exista mecanismo constitucional alguno por el cual se pueda exigir responsabilidad al jefe de las fuerzas armadas», añaden.
LA VÍA REPUBLICANA
Los comunistas, que en este asunto no están respaldados por Podemos, recuerdan que «el ponente designado para llevar la causa fue el propio presidente de la Sala, el magistrado Manuel Marchena Gómez. Se llegó incluso a imponer a los firmantes una fianza de 12.000 euros, que abonaron puntualmente, para ejercer así su derecho como acusación popular».
